Padres con deudas de manutención infantil podrían perder pasaporte en EE.UU.
Deudas de manutención podrían costar pasaporte a padres en EE.UU.

Medida polémica: Padres con deudas de manutención enfrentan pérdida de pasaporte en Estados Unidos

El gobierno del presidente Donald Trump está preparando una expansión significativa de un programa federal que permite revocar pasaportes a padres que acumulan deudas elevadas de manutención infantil, una iniciativa que ha generado intenso debate entre expertos legales y organizaciones de defensa familiar.

Cambio en la aplicación de ley de 1996

La medida se basa en una ley federal de 1996 que autoriza al Departamento de Estado a negar o revocar pasaportes a ciudadanos estadounidenses que adeuden más de 2.500 dólares en pagos atrasados de manutención infantil. Sin embargo, durante casi tres décadas, esta disposición se ha aplicado de manera limitada, principalmente cuando los padres solicitaban renovar sus documentos de viaje o accedían a servicios consulares.

Bajo la nueva propuesta, el Departamento de Estado recibirá datos automatizados del Departamento de Salud y Servicios Humanos para identificar proactivamente a los deudores, incluso sin que estos inicien trámites relacionados con sus pasaportes. Esta inversión en la dinámica de aplicación representa un cambio fundamental en cómo se ejecuta esta política de larga data.

Umbral inicial y posibles expansiones

En su fase inicial, la medida afectaría principalmente a padres que deben más de 100.000 dólares en manutención infantil, un grupo que según funcionarios anónimos consultados por medios de comunicación representa un número relativamente pequeño de personas. No obstante, organizaciones civiles y expertos han expresado preocupación porque, si el umbral se reduce en el futuro, miles de padres con menores ingresos podrían verse afectados.

El profesor Daniel Hatcher de la Facultad de Derecho de la Universidad de Baltimore ha señalado que muchos padres de bajos recursos acumulan deudas desde el inicio de sus casos de manutención, en parte porque las obligaciones pueden ser retroactivas hasta la fecha en que se presentó la petición inicial en corte. Esto significa que algunos padres enfrentan montos adeudados incluso antes de que exista una orden formal de pago.

Impacto desproporcionado en familias vulnerables

Expertos legales han advertido que esta política, aunque técnicamente legal, podría tener consecuencias desproporcionadas para familias de escasos recursos. La pérdida del pasaporte no solo limitaría los viajes internacionales personales, sino que podría afectar significativamente la capacidad laboral de quienes dependen de desplazamientos al extranjero por motivos profesionales o buscan oportunidades económicas en otros países.

"Para muchos padres con ingresos bajos, las deudas de manutención se acumulan desde el principio de sus casos judiciales", explicó el profesor Hatcher, destacando cómo el sistema actual puede generar obligaciones financieras antes de que se establezcan formalmente los montos a pagar.

Posición del gobierno y próximos pasos

El gobierno federal, a través del Departamento de Estado y el Departamento de Salud y Servicios Humanos, ha defendido la medida como un mecanismo para hacer cumplir las responsabilidades legales y morales de los padres hacia sus hijos. Los funcionarios argumentan que esta acción busca asegurar el pago de deudas que afectan directamente el bienestar de menores de edad.

Aunque la propuesta aún no ha sido publicada oficialmente en el Federal Register, se espera que una vez anunciada haya un período de comentarios públicos antes de su implementación, siguiendo los procedimientos regulatorios estándar para este tipo de medidas. Este proceso permitirá que diversas voces, incluyendo organizaciones de la sociedad civil y expertos en derecho familiar, expresen sus preocupaciones y sugerencias sobre la implementación de la política.

La expansión de este programa representa uno de los esfuerzos más agresivos en décadas para hacer cumplir los pagos de manutención infantil mediante la restricción de derechos de viaje internacional, generando un debate complejo que balancea la responsabilidad parental con las posibles consecuencias socioeconómicas para familias ya vulnerables.