Pensionista confiesa intento de incendio en oficina del INSS como acto de protesta
Un pensionista juzgado por intentar incendiar una oficina de la Seguridad Social en Madrid durante el año 2023 ha reconocido este miércoles ante la Audiencia Provincial de Madrid su responsabilidad en los hechos. Sin embargo, el acusado, identificado como L.A.C.R., ha argumentado que su acción constituía una forma de "protesta" ante la negativa inicial de un subsidio que había solicitado al Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Detalles del intento de incendio en la calle Serrano
Según la acusación fiscal, los eventos ocurrieron el 16 de agosto de 2023 en la oficina del INSS ubicada en el número 102 de la calle Serrano de Madrid. El pensionista, quien en ese momento tenía 71 años, ingresó al establecimiento alrededor de las 13:40 horas portando una garrafa de seis litros de gasolina que había transportado desde Gijón, su ciudad natal, y un mechero en la otra mano.
El escrito de la Fiscalía detalla que el hombre vertió el combustible en el suelo del local, que se encontraba lleno de personas, e intentó prender fuego con el mechero. Su propósito fue frustrado gracias a la intervención inmediata de un vigilante de seguridad, quien se enfrentó físicamente al acusado para impedir la catástrofe.
Consecuencias y cargos presentados por la Fiscalía
Posteriormente, un policía nacional llegó al lugar y se abalanzó sobre el pensionista para evitar que consumara el incendio. Durante la confrontación, ambos cayeron al suelo y el agente sufrió intoxicación por inhalación de vapores de gasolina, lesión que requirió asistencia médica y varios días de recuperación.
La Fiscalía solicita para el acusado una pena de 6 años de prisión por un delito de incendio en grado de tentativa, además de un delito leve de lesiones. Complementariamente, pide una multa de 540 euros, una indemnización de 100 euros para el policía afectado y 112 euros para el Ministerio del Interior por daños en el uniforme del agente.
La defensa del pensionista y el contexto de su acción
Durante la vista judicial, celebrada este miércoles, el acusado compareció por vía telemática desde su domicilio en un pequeño pueblo de Extremadura, aunque originalmente estaba citado de manera presencial. Su participación se vio ralentizada por dificultades técnicas con la aplicación de videoconferencias.
El pensionista ha rechazado el acuerdo de conformidad ofrecido por la acusación, el cual habría reducido considerablemente su condena e incluso podría haber evitado su ingreso en prisión. En su declaración ante el tribunal, el hombre explicó que su intención no era herir a nadie, sino realizar una "llamada de atención" ante la denegación del subsidio que había solicitado.
Curiosamente, apenas unos días después del incidente, el subsidio que motivó su desesperada acción le fue finalmente concedido por la administración. El acusado justificó su comportamiento argumentando que había gastado "muchos cientos de euros" en llamadas a cobro revertido tratando de resolver su situación, y que "tuvo que actuar así dada la ineptitud de la administración".
Repercusiones y perspectiva del caso
Este caso ha puesto de manifiesto las tensiones que pueden surgir entre los ciudadanos y las instituciones administrativas, especialmente cuando se trata de personas mayores que dependen de subsidios y pensiones para su subsistencia. La acción extrema del pensionista, aunque condenable desde el punto de vista legal, refleja un nivel de desesperación que ha generado debate sobre la eficiencia de los servicios sociales.
Las fuentes jurídicas consultadas indican que el hombre mantuvo una actitud coherente durante todo el proceso, reconociendo los hechos pero insistiendo en el carácter protestatario de su acción. El juicio continuará con las alegaciones finales de las partes antes de que el tribunal emita su veredicto sobre este complejo caso que combina aspectos penales con problemáticas sociales de fondo.
