Según la organización defensora de derechos humanos Cordoberxia, los audios revelados por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol entre Danilo Rueda y alias Jerónimo del Clan del Golfo evidencian que los acuerdos del Gobierno Nacional con este grupo “carecen de transparencia y vulneran los principios de participación social efectiva”, priorizando concesiones en mesas internacionales por encima de la seguridad de los habitantes de Tierralta y el resto del departamento.
Confinamiento social en Tierralta
Andrés Chica, coordinador general de Cordoberxia, denunció que en Tierralta y sus 19 corregimientos actualmente hay un confinamiento social impuesto por el Clan del Golfo que afecta a más de 900 personas. Al parecer, se dio la orden de que después de las 5:00 de la tarde no entre ni salga nadie del territorio.
El defensor de derechos humanos manifestó que ni siquiera el Ejército Nacional y sus soldados, o la Policía, tienen la oportunidad de visitar a sus familias en estas poblaciones. “En la actualidad no pueden entrar, los policías cuando están de vacaciones y llegan a Tierralta, tienen que ver a sus familias en otros lados porque los integrantes del Clan del Golfo lo tienen prohibido. Claro, es un efecto de sacar a la inteligencia del territorio. Lo generalizaron tanto que al pobre soldado que iba de vacaciones lo terminaban matando, como ocurrió en varios casos, o en efecto lo desterraban hasta que se desligara de las fuerzas militares”, declaró a Blu Radio.
Rechazo a la Zona de Ubicación Temporal
Cordoberxia también rechazó la posibilidad de que sea establecida una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en Tierralta, la cual se viene negociando entre el Gobierno Nacional y este grupo armado. Andrés Chica explicó que hasta ahora el Gobierno Nacional no ha hecho un acercamiento directo con las comunidades para explicarles lo que va a pasar en estas zonas de ubicación, por lo que hay mucha incertidumbre en Tierralta.
Por el momento, y a la espera de saber si será instalada o no las próximas semanas, la población civil la observa como un riesgo grande. La organización insiste en que se deben priorizar la seguridad y la participación de las comunidades afectadas.
