Audios y videos revelados por Noticias Caracol dejaron al descubierto una controvertida reunión celebrada el 19 de agosto de 2025 en una sede de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), en pleno centro de Bogotá, en la que participaron altos funcionarios de la agencia presidencial junto a un reconocido esmeraldero y exnarcotraficante con antecedentes en Colombia y Estados Unidos.
Funcionarios de la DNI y el exnarcotraficante 'Boyaco Sinaloa'
El encuentro fue encabezado por Jorge Lemus, entonces director de la DNI, y por Ricardo Rey Rosanía, segundo al mando de la entidad y jefe de contrainteligencia. El invitado principal fue Edward Ferney Rincón, conocido en el mundo criminal con el alias de “Boyaco Sinaloa”, un empresario del sector esmeraldero que años atrás afrontó procesos por narcotráfico y posteriormente llegó a un acuerdo judicial con las autoridades estadounidenses.
Para el momento de la reunión, el exnarcotraficante seguía siendo objeto de una investigación en la Fiscalía colombiana por presuntos vínculos con el Clan del Golfo y actividades relacionadas con narcotráfico, expediente que, según se conoció, continúa abierto.
De supuesta recolección de información a agenda política
El encuentro comenzó como un supuesto espacio para recopilar información sobre eventuales amenazas y enemigos del Gobierno. Sin embargo, según el contenido de las grabaciones, la conversación tomó rápidamente otro rumbo y derivó en asuntos políticos y legislativos.
Uno de los momentos más delicados ocurrió cuando los directivos de inteligencia solicitaron al exnarcotraficante utilizar sus contactos con dirigentes y congresistas para impulsar un proyecto de ley promovido por el Gobierno que buscaba establecer mecanismos de sometimiento y negociación para organizaciones criminales, incluido el Clan del Golfo.
Durante la conversación, los funcionarios insistieron en la necesidad de sacar adelante la iniciativa legislativa argumentando que permitiría avanzar en la pacificación del país y beneficiaría a múltiples estructuras armadas ilegales que eventualmente podrían acogerse al proceso.
Proyecto de ley de sometimiento y su hundimiento
La iniciativa a la que hacían referencia correspondía al proyecto presentado en julio de 2025 por el entonces ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, el cual proponía beneficios penales y mecanismos especiales de sometimiento para organizaciones criminales. La propuesta generó una fuerte controversia política y terminó hundiéndose meses después en medio de divisiones dentro y fuera del Gobierno.
Las grabaciones también muestran otro aspecto especialmente sensible: el interés de los funcionarios de inteligencia por establecer un canal directo de comunicación con alias ‘Chiquito Malo’, máximo jefe del Clan del Golfo. En los audios se escucha cómo los participantes evalúan posibles intermediarios y exploran la posibilidad de hacer llegar mensajes al líder de la organización criminal utilizando contactos en el mundo del narcotráfico y de las economías ilegales.
Intermediación con el Clan del Golfo y posibles implicaciones
La intermediación, según quedó registrado, podría realizarse a través de otro reconocido narcotraficante identificado con el alias de ‘J Firma’, mientras los asistentes discutían la manera de evitar filtraciones y mantener la reserva de cualquier acercamiento.
Durante el encuentro, ‘Boyaco Sinaloa’ relató detalles sobre su pasado criminal y explicó cómo resolvió sus procesos judiciales en Estados Unidos mediante un acuerdo con las autoridades de ese país, asegurando haber pagado cerca de 18 millones de dólares dentro de esa negociación. Igualmente, afirmó que años atrás logró anticiparse a investigaciones en Colombia mediante maniobras jurídicas y pagos irregulares a funcionarios judiciales, declaraciones que quedaron registradas durante la reunión y que podrían tener implicaciones adicionales para las autoridades encargadas de investigarlas.
Asistencia de Javier Grajales y vínculos con la DEA
A la reunión también asistió Javier Grajales, quien se presentó como amigo cercano del empresario esmeraldero y quien durante varios años trabajó en la Unidad de Trabajo Legislativo de la entonces congresista María José Pizarro.
En otro de los apartes revelados, Grajales aseguró haber participado indirectamente en operaciones relacionadas con la guerra de los esmeralderos y afirmó haber colaborado con informantes de la DEA en procesos que terminaron con la extradición y posterior condena de reconocidos empresarios del sector esmeraldero vinculados al narcotráfico.
