Camilo Pineda, delegado del Gobierno Nacional para el Espacio de Conversación Sociojurídico con la banda criminal Los Costeños, afirmó que esperan que el nuevo Gobierno, liderado por el presidente electo Abelardo de la Espriella, dé continuidad al proceso urbano en curso.
Expediente listo para empalme
Pineda señaló que el equipo tiene organizado el expediente completo para ser presentado al nuevo mandatario, con todos los soportes de gestión, protocolos y entrevistas adelantadas para seguir adelante con la paz urbana. “No nos han informado cuál va a ser la fecha para el empalme formal, pero el expediente de Barranquilla está completo, está listo. Tenemos todos los soportes de gestión, todas las entrevistas. Hay protocolos listos, solamente sería presentar y hacer la invitación desde el equipo de Barranquilla a darle la continuidad que corresponde, teniendo en cuenta la protocolización para seguir adelante con todos los procesos”, indicó.
Listado de cabecillas para sometimiento
En cuanto al sometimiento a la justicia, Pineda explicó que Los Costeños elaboraron un listado de siete cabecillas de la organización que estarían atentos a la instalación de una mesa de diálogo en la cárcel El Bosque de Barranquilla y otra en un centro de máxima seguridad de la misma ciudad. El inicio del sometimiento solo se realizaría con los miembros de la banda que actualmente se encuentran privados de la libertad.
Los Pepes se retiran del proceso
Por otro lado, la estructura Los Pepes, liderada por Digno Palomino, decidió retirarse del proceso de paz urbana debido a desacuerdos con el sometimiento a la justicia requerido para la instalación firme de los diálogos. Según Blu Radio, Palomino, a través de su equipo jurídico, manifestó no tener garantías para sus secuaces, argumentando que otros grupos “se aprovecharon de esos datos” y luego dejarían involucrados a integrantes de Los Pepes en cualquier hecho de violencia en esos lugares. El cabecilla se negó a entregar información clave sobre los sectores del área metropolitana donde tenían injerencia y los actos delictivos que allí realizaban, paso inicial exigido por el Gobierno para facilitar su traslado a una cárcel en Barranquilla.
