Los terremotos del 24 de junio golpearon a un país que ya venía fracturado. Las cifras de víctimas, heridos, desaparecidos y damnificados siguen cambiando, como ocurre en las primeras horas de una catástrofe. Pero hay algo que no necesita esperar un balance definitivo: esta emergencia no cayó sobre una normalidad que se rompe, sino sobre una emergencia humanitaria compleja que ya existía.
Una catástrofe sobre una emergencia humanitaria
En Venezuela, estos terremotos no inauguran el sufrimiento humano, lo profundizan. Agravan una crisis atravesada por servicios públicos precarios, un sistema hospitalario debilitado, inseguridad alimentaria, empobrecimiento, migración forzada, censura, miedo y desconfianza institucional. Por eso no basta hablar del desastre natural; hay que hablar de una catástrofe que impacta a una sociedad previamente erosionada por la precariedad y el autoritarismo.
En contextos autoritarios, las emergencias no solo activan obligaciones de asistencia, sino también riesgos agravados de represión. Donde ya existen patrones de censura, persecución, detenciones arbitrarias, criminalización de la sociedad civil y desapariciones forzadas, un desastre puede convertirse en una zona de mayor indefensión. La urgencia puede ser utilizada para militarizar territorios, aumentar el cierre del espacio cívico, restringir información, impedir monitoreo independiente, administrar selectivamente la ayuda y perseguir a quienes denuncien abandono.
Monitorear el daño, monitorear al Estado
En Venezuela, no basta con monitorear el daño, hay que monitorear al Estado; hay que observar quién distribuye la ayuda, con qué criterios, en qué zonas, bajo qué controles y con qué mecanismos de rendición de cuentas. El derecho a llorar sin pedir permiso es también el derecho a producir verdad. Nombrar a las víctimas, registrar desaparecidos, identificar cuerpos, publicar listas, documentar traslados, reportar centros de atención, ubicar niños separados de sus cuidadores, denunciar hospitales colapsados o zonas sin ayuda no son actos secundarios frente a la emergencia, son parte de la emergencia.
La corrupción debe leerse dentro de ese mismo marco; no puede leerse como un riesgo abstracto de mala administración. Durante años, la escasez fue administrada mediante mecanismos opacos, discrecionales y políticamente mediados. Programas de distribución de alimentos, redes de intermediación, estructuras territoriales de control, permisos, listas y accesos diferenciados convirtieron bienes básicos en instrumentos de dependencia. Por eso, en esta catástrofe, el problema no es solo que se pierdan recursos o se inflen contratos; el riesgo más grave es que la ayuda quede atrapada en las mismas lógicas que han administrado el hambre.
Infancia, trata y control territorial
Otra preocupación mayor es la necesidad de mirar la emergencia desde la infancia. Aproximadamente, 3,9 millones de niños, niñas y adolescentes se encuentran en riesgo en Venezuela tras los devastadores terremotos. Ese dato obliga a poner la protección de la niñez en el centro de la respuesta, no como un componente posterior. Después de un desastre de esta naturaleza, niñas, niños y adolescentes pueden quedar separados de sus cuidadores, trasladados sin registro, acogidos por terceros, llevados a refugios improvisados o expuestos a redes de explotación.
En estos contextos, la trata puede aparecer disfrazada de ayuda: una oferta de traslado, una promesa de refugio, una supuesta reunificación familiar o una oportunidad de trabajo para adolescentes que han quedado solos. Allí aparece otra alerta: la actuación de actores armados. Si en las zonas afectadas se denuncian colectivos armados y formas de control territorial, el problema no puede tratarse como una anécdota de orden público. En Venezuela, esos actores han formado parte del ecosistema de intimidación política y control social del Estado.
La memoria política de Vargas
Venezuela tampoco llega a esta emergencia sin memoria. La tragedia de Vargas en 1999 no fue solo una catástrofe natural, fue una escena política temprana del país que estaba naciendo. Allí se cruzaron la omisión, la improvisación, la militarización de la respuesta, la fragilidad de la planificación territorial, la promesa de reconstrucción y una tensión que todavía persiste: cuándo la soberanía protege a la población y cuándo se usa para cerrar, controlar o condicionar la ayuda.
La pregunta, entonces, no es si este escenario se parece a la tragedia de Vargas, sino qué hizo el Estado venezolano con esa memoria. Y la respuesta es poco alentadora: el Estado la absorbió en el relato heroico del poder y llega, dos décadas después, con una sociedad agotada, un Estado opaco y un aparato represivo ya probado.
Migración y respuesta de Colombia
Las consecuencias de estos terremotos pueden abrir una nueva etapa de movilidad humana. No sería extraño que más personas salgan del país si la respuesta no garantiza un mínimo de condiciones de vida. Un desastre de esta magnitud puede convertirse en una nueva etapa de desplazamiento interno, migración internacional forzada, separaciones familiares y nuevos casos de protección internacional. La gestión migratoria regional no puede tratar lo ocurrido como un episodio aislado, porque en Venezuela ninguna emergencia ocurre aislada de la crisis estructural que la precede.
Colombia, por razones geográficas, históricas, familiares y humanitarias, no puede mirar esta catástrofe como un asunto externo. La respuesta colombiana debe anticiparse. Según la Organización Internacional para las Migraciones, hasta 6,76 millones de personas podrían verse afectadas por estos terremotos, lo que obliga a ampliar la mirada.
En medio del dolor, apareció algo que merece ser reconocido. He sido, y seguiré siendo, profundamente crítica de la xenofobia institucional y social que tantas veces ha marcado la vida de las personas venezolanas fuera del país. Pero hoy sería injusto no reconocer que, frente a esta tragedia, la solidaridad gritó más fuerte. No borró la xenofobia ni la resolvió, pero la interrumpió.
Garantías, no épica
Venezuela está, nuevamente, ante una coyuntura crítica. Reconstruir no puede significar volver exactamente al punto anterior, si eso ya estaba marcado por precariedad, desigualdad, miedo y autoritarismo. Volver a la normalidad, en un país donde la normalidad era la crisis, sería una forma de fracaso. Por eso, el derecho a llorar sin pedir permiso no es una imagen literaria para nombrar el duelo. Es poder buscar a los suyos, recibir ayuda, denunciar abusos, exigir información y reconstruir la vida sin que el poder convierta el dolor en obediencia.
Según Nastassja Rojas, directora adjunta de Amnistía Internacional Venezuela, "en un régimen autoritario significa poder buscar a un familiar sin ser intimidado, grabar una denuncia sin ser perseguido, exigir maquinaria sin ser acusado de conspirar, organizar ayuda sin ser criminalizado y preguntar por una persona detenida sin entrar en una zona de miedo".
