Un año después del deslizamiento que cobró la vida de más de 28 personas en la vereda Granizal, en el nororiente del Valle de Aburrá, las familias del asentamiento siguen esperando soluciones. Ahora deben depender de carros que les llevan bidones de agua, mientras viven al lado de la zona declarada campo santo, a la espera de un techo definitivo.
El panorama actual en la zona del desastre
En el barranco que dejó el deslizamiento aún se ven las columnas de algunas casas derribadas por el alud. También se observan las estructuras que se están construyendo para proteger la zona crítica, así como tubos del servicio de agua que no llegan a las viviendas. La franja de tierra desprendida atraviesa la ladera entre Bello y Medellín, rodeada por las viviendas del asentamiento de Granizal.
Testimonios de los afectados
Según reportó la periodista Laura Orrego, las familias damnificadas expresan su frustración por la falta de avances. “Llevamos un año sin agua potable y sin una casa segura. Vivimos con miedo de que ocurra otra tragedia”, declaró una residente que prefirió no ser identificada. Las autoridades locales han indicado que los trabajos de estabilización del terreno continúan, pero los plazos se han alargado más de lo previsto.
Medidas implementadas y pendientes
La Alcaldía de Bello informó que se han instalado tanques de almacenamiento de agua y se realiza distribución mediante carrotanques. Sin embargo, los habitantes denuncian que el suministro es irregular y no cubre las necesidades básicas. Además, las soluciones de vivienda definitiva aún no se concretan, y muchas familias permanecen en albergues temporales o en casas de familiares.
Impacto en la comunidad
El deslizamiento, ocurrido en diciembre de 2022, dejó 28 muertos y decenas de heridos, además de la destrucción de varias viviendas. La zona de Granizal, un asentamiento informal en la ladera, ha sido históricamente vulnerable a desastres naturales debido a la falta de planificación urbana y la construcción en terrenos inestables. Organizaciones sociales han criticado la lentitud de las respuestas gubernamentales y exigen mayor celeridad en las obras de mitigación y reubicación.
Mientras tanto, los sobrevivientes continúan su lucha diaria por acceder a servicios básicos, en medio de la incertidumbre y el recuerdo de la tragedia que marcó sus vidas.
