El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha reclamado al juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, que le investiga por presunto tráfico de influencias en el 'caso Plus Ultra', que adopte medidas para evitar la "difusión masiva" e "indiscriminada" de sus datos personales. Así consta en un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el exlíder socialista insta a "la expulsión de este procedimiento" del informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef), que incluía conversaciones con su secretaria, Gertrudis Alcázar, por considerarlas "una actividad ajena al perímetro" de la causa.
Antecedentes del caso y la filtración
La petición de Zapatero surge después de que la Udef presentara un informe al juez Calama en el que señalaba que el expresidente habría cobrado 200.000 euros (unos 227.870 dólares) a cambio de mediar con el Ejecutivo de Bolivia, entonces presidido por Luis Arce, para resolver litigios económicos de una empresa peruana en ese país. En los anexos del informe se incluyeron sus agendas completas de 2024 y 2025, así como un millar de páginas de conversaciones de WhatsApp con su secretaria, que fueron divulgadas por varios medios de comunicación. Ante esta situación, el juez Calama ya había ordenado investigar el origen de la filtración y restringir el acceso a las diligencias del proceso de instrucción.
La defensa califica la publicación de "desmesura"
El abogado de Zapatero, Víctor Moreno, ha presentado un escrito en el que insta al juez a ordenar a la Udef que "se limite a anexar a sus informes la documentación estrictamente necesaria que ampara sus conclusiones policiales, absteniéndose de acompañar el contenido íntegro de documentos personales" con "contenido ajeno a aquel que justifica su presentación". "No puede desconocer la unidad policial que en ninguno de los informes anteriores se habían incluido de forma íntegra las conversaciones de WhatsApp o las agendas íntegras de ninguno de los investigados, porque ciertamente esa publicación es una desmesura que nada añade a la real investigación criminal", argumenta el letrado.
En ese sentido, califica la publicación de la agenda y las conversaciones privadas como un "atentado grave" al derecho a la intimidad, y critica que no se haya realizado un expurgo de esas evidencias ni hayan sido "delimitadas judicialmente". "Siendo grave este desliz, lo es mucho más la absoluta falta de cuidado y de respeto por los derechos fundamentales de mi representado que se muestra en ese informe", valora Moreno.
Solicitud de medidas adicionales
Moreno también reclama la apertura de una pieza separada de expurgo a la que únicamente puedan acceder la Fiscalía y la defensa de Zapatero, para "eliminar todo aquello que tenga carácter personal y sea ajeno al objeto de la presente causa". Asimismo, pide que se recabe información de los servicios tecnológicos del Ministerio de Justicia y del Consejo General del Poder Judicial para establecer "procedimientos, protocolos y cautelas reforzadas" en el sistema 'cloud' donde se almacenan las diligencias del proceso de instrucción. Además, sugiere la incorporación de "marcas de agua en los informes policiales" y en sus anexos, lo que "podría servir como una primera barrera disuasoria de una utilización ilegítima de datos" que no son de carácter público.
Críticas a la actuación de la Udef
El letrado señala que "la vida de Zapatero no puede ser sometida al escrutinio de la unidad policial, a su propio criterio y conveniencia, sin justificación alguna, sin autorización judicial otorgada a medio de una resolución motivada que aprecie la existencia de indicios de criminalidad sobre unos hechos concretos". Moreno tacha de "voluntarista" y "nebulosa" la "definición" de la Udef sobre la "organización" de Zapatero, subrayando que es "incomprensible" que se "pongan las miras" en la relación profesional que mantuvo el expresidente con la entidad Focus Social, la empresa a través de la cual se le habrían hecho llegar los pagos por su intermediación en Bolivia.
El abogado exhorta al magistrado a que "se limite su investigación exclusivamente a los hechos concretos" relacionados con el 'caso Plus Ultra', donde Calama atribuye a Zapatero el presunto liderazgo de una "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" para "la obtención de beneficios económicos" en operaciones como el rescate de 53 millones de euros (unos 60 millones de dólares) a esa aerolínea.
