Las víctimas y sus familiares, la comunidad internacional y la sociedad colombiana tienen derecho a conocer en qué se han invertido los recursos públicos asignados durante los ocho años de funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La transparencia es un deber de todo funcionario público, y más aún de un tribunal de justicia transicional.
El mandato constitucional de la JEP
El mandato constitucional de la JEP consiste en investigar, juzgar y sancionar a los máximos responsables de los crímenes más graves y representativos cometidos en un conflicto armado de más de 60 años. Se trata de aproximadamente 250.000 delitos atroces, entre desapariciones forzadas, homicidios, secuestros, ejecuciones extrajudiciales, reclutamiento de menores y violencias basadas en género. Delitos que, a pesar de los esfuerzos de la justicia ordinaria, contaban con elevados niveles de impunidad.
Comparecientes ante la JEP
Ante la JEP se encuentran sometidos cerca de 10.000 exintegrantes de las antiguas Farc-EP, un poco más de 5.000 miembros de la fuerza pública y una centena de civiles. Es decir, más de tres veces el número de postulados a Justicia y Paz. Más allá de las macroinvestigaciones, la JEP ha tramitado miles de beneficios penales a estos comparecientes, con miras a garantizarles su seguridad jurídica.
Las víctimas como centro del sistema
El Acuerdo de Paz señala que las víctimas son el centro del sistema y que se deben aplicar los enfoques étnico, territorial y de género. Además, la JEP gestiona dos modelos de justicia complementarios: el restaurativo y el adversarial.
Estrategias de inversión de la JEP
Para enfrentar este magnánimo desafío, la JEP ha invertido los dineros públicos en varias estrategias:
- Presencia en los territorios: Actualmente cuenta con oficinas regionales que han garantizado la representación legal de más de 20.000 víctimas, brindado asesoría jurídica a otras 18.000 y psicojurídica a 17.460. Asimismo, se ha garantizado el derecho a la defensa de casi 9.000 comparecientes.
- Participación de las víctimas: La implementación de la justicia transicional restaurativa ha implicado que la JEP garantice a miles de víctimas su participación efectiva en cientos de diligencias judiciales y audiencias públicas, esencial para población vulnerable. Esta participación es acompañada por equipos psicosociales, que también ayudan a los comparecientes. Actualmente, participan ante la JEP cerca de 15.000 víctimas individuales y 424 colectivas, que suman más de 300.000 personas.
- Unidad de Investigación y Acusación (UIA): La JEP cuenta con su propia Fiscalía, encargada de investigar y acusar a quienes no acepten su responsabilidad. La UIA cuenta con el Grupo de Apoyo Técnico Forense (GATEF), que enfrenta condiciones difíciles de búsqueda en lugares como La Escombrera, donde tras remover cerca de 60.000 m³ de tierra, recuperó siete cuerpos de desaparecidos y los entregó a las familias.
- Grupo de Análisis de la Información (GRAI): Para armar los macrocasos, la JEP dispone de un GRAI que realiza análisis de contexto, identifica y caracteriza patrones de conducta criminal y gestiona información para contribuir a la toma de decisiones de la magistratura.
Resultados y reconocimientos
En ocho años de funcionamiento, y tras siete auditorías de la Contraloría y 14 informes entregados a la Procuraduría, la JEP no registra hallazgos con incidencia fiscal o penal. El año pasado fue una de las entidades públicas con más alto nivel de ejecución del gasto (88.5%), y en 2024 la OCDE la reconoció como un modelo de innovación en materia de justicia en la región.
Logros judiciales
En cuanto a resultados, más allá de los intangibles (verdades reveladas, reconciliación y sanación espiritual), la JEP ha imputado a 338 máximos responsables y expedido tres sentencias condenatorias, y en los próximos meses saldrán otras. Estas serán vigiladas por el Sistema de Monitoreo por medio de visitas in situ, cámaras de video y dispositivos con ubicación de los comparecientes. En definitiva, la JEP es una entidad que ha invertido con pulcritud los recursos públicos y cuyos resultados se sustentan con datos verificables.
