Una juez de conocimiento ratificó la medida de aseguramiento en centro carcelario para cuatro de los cinco procesados por el homicidio de Juan Felipe Rincón, hijo del director de la Policía Nacional, general William Rincón. La decisión se produjo tras la apelación de la defensa, que buscaba revocar la prisión preventiva. Los implicados que permanecerán privados de la libertad son Juan Sebastián Ávila Ochoa, Camilo Sotelo, su hermana Katherine Sotelo Torres y Yeimi Tatiana Vega López. En contraste, Solanyi Trujillo Devia fue dejada en libertad, aunque continuará vinculada al proceso penal.
Argumentos de la defensa y la Fiscalía
El abogado de Trujillo, Guillermo Ortiz, destacó que la juez de segunda instancia examinó con precisión lo exhibido por la Fiscalía y los errores de la primera juez al enviar a su clienta a detención intramural. “Sobrevaloró el material y dio por sentado argumentos sin la solidez probatoria exigida por la ley”, afirmó Ortiz. Por su parte, Saúl León, abogado de los otros cuatro imputados, señaló que recibe la decisión con respeto, pero insistió en que sus representados son inocentes y están cobijados por la presunción de inocencia.
La Fiscalía imputó a estas cinco personas por los delitos de tortura, uso de menores de edad para la comisión de delitos, ocultamiento de pruebas y soborno. No obstante, en segunda instancia se descartó el cargo de soborno para Tatiana Vega, al no probarse el ofrecimiento de dinero. Todos los imputados se declararon inocentes.
Perspectiva de la víctima
Juan Felipe Criollo, abogado de la víctima, celebró la decisión judicial. “Ratifica la denuncia que pusimos hace más de un año, en la que insistimos en que se investigara no solo el homicidio, sino los hechos previos como los golpes, el plan, el propósito y demás”, declaró.
Se espera que la Fiscalía radique el escrito de acusación y se fije la audiencia de formulación para iniciar formalmente la etapa de juicio.
Los hechos del crimen
Juan Felipe Rincón, de 21 años, fue asesinado la mañana del domingo 24 de noviembre de 2024 en el barrio Quiroga, sur de Bogotá, en medio de una riña. Inicialmente, el caso se centró en Andrés Camilo Sotelo como presunto autor del homicidio, imputado por ese delito. Sin embargo, el proceso no logró demostrar que Sotelo disparó, pues su arma era “hechiza” y se desarmó durante la confrontación.
Paralelamente, la Fiscalía adelantó otra investigación con la hipótesis de un entrampamiento. Según el ente acusador, el joven fue contactado mediante perfiles falsos en redes sociales y llevado al sector bajo engaños, con la instrumentalización de una adolescente, en un supuesto plan para robarle su celular. Allí, fue interceptado y agredido por varias personas, situación que terminó en disparos y su muerte.
Defensa cuestiona imputaciones
El abogado de los imputados, Saúl León, ha sostenido que los delitos imputados son desproporcionados. “Consideramos que fue una exageración. No todas las conductas se consolidan jurídicamente. Por ejemplo, tipificar esto como tortura resulta excesivo”, afirmó. También rechazó la imputación por uso de menores, señalando que la evidencia indica que la adolescente participó voluntariamente y no fue instrumentalizada. “El acervo probatorio indica que la joven quiso participar. Nadie la obligó. Tendrá que responder ante el sistema de responsabilidad penal de adolescentes”, agregó.
Próximos pasos judiciales
Con las capturas de Sotelo y Vega ya materializadas, el proceso entra en una nueva etapa judicial. Persisten interrogantes sobre si habrá nuevas capturas en un caso que, desde el inicio, ha estado rodeado de versiones encontradas y múltiples líneas de investigación.
