La informalidad en la tenencia de la tierra sigue siendo uno de los mayores desafíos del campo colombiano. Según la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), para 2020 el 52,2% de la tenencia de la tierra rural presentaba algún grado de informalidad, lo que significa que cerca de la mitad del campo colombiano enfrenta dificultades para que la relación entre las personas y los predios que habitan quede plenamente reconocida ante el Estado.
Informalidad no es ilegalidad
Juan Camilo Ortega, docente de la Especialización en Derecho Procesal Agrario de UNIAGRARIA, aseguró que esta realidad no debe confundirse con ilegalidad y advirtió sobre los efectos que esa interpretación puede generar. "Informalidad no significa automáticamente ilegalidad. Esa confusión puede hacer mucho daño. Una familia puede vivir y producir durante décadas en un predio, actuar de buena fe, pagar mejoras, heredar la tierra o comprarla, como históricamente ha ocurrido en muchos territorios, y aun así no tener saneada su situación jurídica", afirmó.
Causas de la informalidad
El experto explicó que la informalidad puede originarse por diferentes circunstancias. Entre ellas mencionó las compraventas realizadas mediante documentos privados que nunca llegan a escritura pública ni son registradas, las sucesiones que no se formalizan tras una herencia o las escrituras que presentan errores en su elaboración. También señaló que existen casos en los que el área registrada en el folio de matrícula inmobiliaria no coincide con la superficie realmente ocupada o cuando un predio ha pasado por múltiples transacciones que terminan fragmentando su historia registral. A esto se suman situaciones en las que no existe claridad sobre la naturaleza jurídica de la tierra, como cuando se desconoce si un terreno corresponde a propiedad privada, a un baldío de la Nación, presenta falsa tradición o tiene restricciones ambientales o conflictos de otra naturaleza.
Ruptura entre realidades
Según Ortega, la informalidad va mucho más allá de la ausencia de un documento. "Por eso, la informalidad no es simplemente la falta de una escritura o de un papel. En el fondo, es una ruptura entre varias realidades que deberían coincidir: la realidad social de quien vive y trabaja la tierra; la realidad física del predio, con sus linderos y su área; la realidad catastral, que identifica el inmueble; y la realidad jurídica, que aparece en títulos, folios, antecedentes y decisiones administrativas o judiciales".
Vacíos de información
El documento también plantea que la inseguridad jurídica agraria tiene su origen, en buena medida, en una historia de Estado incompleto en las zonas rurales, donde durante años la información sobre la tierra fue construida de manera fragmentada. "Durante muchos años, el país no logró construir una información rural completa, confiable y articulada", señaló Ortega. Como consecuencia, pueden presentarse casos en los que una persona considera que toda su documentación está en regla porque cuenta con una escritura, pero posteriormente descubre que existen problemas de falsa tradición, conflictos sobre linderos, restricciones ambientales o solicitudes de restitución que modifican completamente el análisis jurídico del predio.
Propuesta de formalización
Frente a este panorama, el académico sostiene que la solución no consiste únicamente en acelerar la entrega de títulos de propiedad, sino en fortalecer los procesos de formalización. Para ello propone una ruta que contemple el diagnóstico individual de cada caso, la actualización del catastro multipropósito, la incorporación de la lectura territorial de las comunidades, la aclaración de la naturaleza jurídica de la tierra, la adopción de decisiones de fondo y el adecuado registro de todas las actuaciones. Además, considera que la nueva jurisdicción agraria y rural representa una oportunidad para que los conflictos relacionados con la tierra sean conocidos por jueces especializados y con mayor comprensión de las realidades territoriales.
Conclusión
Finalmente, Ortega concluyó que resolver la informalidad rural requiere un Estado con capacidad para medir, registrar, escuchar y decidir de manera más articulada. En su concepto, ordenar la tierra va más allá de organizar documentos o archivos, pues implica ofrecer certeza jurídica, proteger derechos y generar condiciones para que el campo colombiano pueda vivir, producir y proyectarse con dignidad.
