El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar Jaramillo, solicitó al presidente electo Abelardo De La Espriella autorizar una comisión regional de empalme para evaluar, con objetividad y sin retaliaciones políticas, los alcances de los dos procesos de paz que se adelantan en el departamento desde hace dos años, tras la autorización del Gobierno del presidente Gustavo Petro.
En un extenso mensaje publicado en su cuenta personal de la red social X, Escobar afirmó que el gobernador de Nariño no coordina la guerra, no traza objetivos militares ni imparte órdenes operacionales a la fuerza pública para favorecer u omitir el accionar de ningún grupo al margen de la ley.
Diálogos territoriales de paz avanzados
Según el mandatario seccional, los diálogos territoriales de paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y el Frente Comuneros del Sur son los más avanzados del país. Como muestra de ello, destacó la entrega de armas y la concentración de 99 integrantes del grupo ilegal Comandos de Frontera, hecho ocurrido en una zona rural del municipio de La Hormiga, en el Bajo Putumayo.
El gobernador aseguró que las versiones que lo vinculan con decisiones relacionadas con operaciones militares carecen de fundamento. Explicó que sus funciones no incluyen coordinar acciones de guerra, definir objetivos militares ni impartir instrucciones a la fuerza pública en favor o en contra de grupos armados ilegales.
Competencias de seguridad y resultados
Escobar señaló que las competencias sobre seguridad, orden público y persecución del delito corresponden exclusivamente a las Fuerzas Militares y la Policía, instituciones con las que ha trabajado de manera articulada desde el inicio de su administración para enfrentar la crisis humanitaria y de seguridad que atravesaba el departamento.
El mandatario sostuvo que la política de paz territorial impulsada en Nariño busca transformar las condiciones del territorio mediante la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, el fortalecimiento de la presencia estatal, el mejoramiento de la infraestructura y la ampliación del acceso a servicios básicos. Como resultados de esa estrategia, destacó la reducción de los homicidios en municipios como Tumaco, la entrega y destrucción de material de guerra por parte de grupos que participan en diálogos de paz, el avance en la erradicación voluntaria de más de 12.000 hectáreas de cultivos ilícitos y la disminución de los desplazamientos forzados en el departamento.
