La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) reportó que Colombia cuenta con 261.386 hectáreas sembradas de coca, un incremento del 3,5% respecto a 2023. En la última década, el área cultivada creció un 278%, cuadruplicándose prácticamente. Este fenómeno refleja la rentabilidad del negocio ilícito, que según estudios de la Universidad de los Andes genera ingresos superiores a los US$16.000 millones, más que las remesas que recibe el país.
Fumigaciones reactivadas y nuevas sanciones
Durante el gobierno de Gustavo Petro no se implementaron políticas efectivas para reducir estos cultivos, que se concentran en el litoral Pacífico, la Amazonía y la Orinoquía. La coca es el octavo cultivo con mayor área sembrada en Colombia, detrás de café (836.785 ha), palma de aceite (703.932 ha), arroz (699.133 ha), maíz (580.175 ha), plátano (496.207 ha), caña de azúcar (286.914 ha) y cacao (268.932 ha).
Con la llegada del presidente electo Abelardo De La Espriella, se reactivarán las fumigaciones sobre las 262.000 hectáreas de coca. El objetivo es enviar un mensaje global de que Colombia combate el narcotráfico desde su responsabilidad como país productor. No obstante, la fumigación no debe ser la única herramienta; también es imperativo sancionar a los productores que convierten esta actividad ilícita en una forma de enriquecimiento, evadiendo la responsabilidad sobre el daño que causa la cadena de la coca.
Extinción de dominio y responsabilidad institucional
La hoja de coca no surge espontáneamente: hay propietarios de terrenos, agricultores, procesadores y exportadores que consolidan un negocio mortal. Por ello, a las fumigaciones se debe sumar la acción penal de extinción de dominio sobre los terrenos donde crecen las plantas y se asientan los laboratorios, similar a como se expropian locales y viviendas usados para el microtráfico en las ciudades.
Además, si estos cultivos prosperan en Parques Nacionales Naturales, los funcionarios competentes deben ser señalados por permitir el avance del narcotráfico en terrenos estatales. Las más de 262.000 hectáreas de coca se monetizan generando lavado de activos, mayor inflación y una oferta monetaria distorsionada que no responde a las políticas contractivas del Banco de la República.
Alternativas de sustitución y pedagogía social
A las comunidades que desde hace 50 años se dedican a estos cultivos se les deben brindar alternativas reales de sustitución. Esto debe acompañarse de un proceso de pedagogía social que sensibilice a los actores locales sobre cómo la hoja de coca es el origen de la violencia enquistada en Colombia. Un enfoque más penal y policivo contra los narcotraficantes, independientemente de su rol en la cadena, requiere de una presencia institucional fuerte que respalde el cumplimiento de la ley.
