El Ministerio de Salud y Protección Social adoptó un nuevo modelo de atención en salud para las personas privadas de la libertad bajo custodia, inspección y vigilancia del Inpec, mediante la Resolución 1099 de 2026. La medida busca fortalecer la garantía del derecho fundamental a la salud con una atención “integral, continua y de calidad” en los establecimientos de reclusión del país.
Derogación de normativas anteriores
La resolución deroga las resoluciones 5159 de 2015 y 3595 de 2016, que regulaban el esquema anterior. Según el Ministerio, el cambio actualiza la atención sanitaria para esta población y consolida un modelo basado en la estrategia de Atención Primaria en Salud, la articulación institucional y el fortalecimiento de la capacidad resolutiva dentro de los centros penitenciarios.
Nuevo modelo de salud para población privada de la libertad
El nuevo esquema está dirigido a las personas privadas de la libertad y también incorpora lineamientos para los menores de tres años que conviven con sus madres en establecimientos de reclusión del orden nacional. La cartera señaló que el modelo reconoce necesidades específicas de esta población e incluye enfoques diferenciales para organizar la prestación de los servicios de salud.
Entre los principales avances, el Ministerio destacó la incorporación de modalidades como la telesalud y la prestación de servicios extramurales. También se prevé la implementación de protocolos adaptados a las condiciones del contexto penitenciario y un plan de transición para poner en marcha el modelo de manera gradual, sin afectar la continuidad de la atención.
Seis componentes fundamentales
La estructura del modelo está conformada por seis componentes fundamentales: la prestación de servicios de salud, la Red Integral e Integrada de Prestadores para la Población Privada de la Libertad, las condiciones de calidad, el sistema de referencia y contrarreferencia, la salud pública y el seguimiento y evaluación permanente de la implementación.
Telesalud, atención primaria y servicios extramurales
La Atención Primaria en Salud será uno de los ejes del nuevo modelo. En este caso, el enfoque apunta a fortalecer la capacidad de respuesta dentro de los establecimientos de reclusión, de manera que la atención no dependa únicamente de traslados o de servicios externos. El Ministerio también plantea una mayor articulación institucional para organizar el aseguramiento en salud y la gestión integral del riesgo.
La resolución establece una oferta diferencial de servicios intramurales mediante la clasificación de los establecimientos de reclusión en cinco categorías de Unidades de Atención Primaria (UAP). Esa clasificación se definirá según la capacidad poblacional, el perfil de seguridad, las características jurídicas y las condiciones de accesibilidad geográfica de cada establecimiento.
Según el comunicado, esta medida permitirá una asignación “más eficiente y equitativa” de los recursos asistenciales. Con ello, el Gobierno busca ordenar la oferta de servicios dentro de los centros de reclusión y responder a las diferencias existentes entre establecimientos, tanto por su tamaño como por sus condiciones operativas y territoriales.
Respuesta a órdenes de la Corte Constitucional
El Ministerio indicó que la expedición de la resolución constituye un avance en la política pública de salud penitenciaria y carcelaria del país. De acuerdo con la cartera, por primera vez desde 2015 se consolida un modelo “estructurado, integral y diferencial” para atender a esta población.
La medida también responde a mandatos legales vigentes y a órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-494 de 2023 y el Auto 1677 de 2025. El Gobierno sostuvo que el nuevo modelo busca atender problemáticas históricas relacionadas con la fragmentación de la atención, la desarticulación institucional y las barreras de acceso a los servicios de salud.
Además del componente asistencial, el modelo incluye lineamientos para los procesos de referencia y contrarreferencia, así como mecanismos de seguimiento y evaluación. También incorpora estrategias para fortalecer la gobernabilidad y la gobernanza del talento humano en salud, como eje transversal de la implementación.
Implementación progresiva y consulta pública
Con esta resolución, el Gobierno nacional busca avanzar progresivamente hacia una atención “oportuna, continua y de calidad” para las personas privadas de la libertad. El Ministerio informó que la Resolución 1099 de 2026 y su anexo técnico se encuentran disponibles para consulta pública en la página web de la entidad.
