El Ministerio de Salud anunció la adopción de un nuevo modelo de salud para las personas privadas de la libertad en Colombia, que estará bajo la custodia, inspección y vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). La medida busca fortalecer la garantía del derecho fundamental a la salud de esta población mediante una atención integral, continua y de calidad.
Componentes del nuevo modelo
El modelo se basa en la estrategia de Atención Primaria en Salud (APS), la articulación institucional y el fortalecimiento de la capacidad resolutiva al interior de los establecimientos de reclusión. Incluye seis componentes: prestación de servicios de salud, red integral de prestadores, condiciones de calidad, sistema de referencia y contrarreferencia, salud pública, y seguimiento y evaluación de la implementación.
Según el Minsalud, el nuevo modelo incorpora enfoques diferenciales que responden a las características y necesidades específicas de las personas privadas de la libertad y de los menores de tres años que conviven con sus madres en los establecimientos de reclusión del orden nacional.
Telemedicina y atención extramural
La atención incluirá servicios mediante telemedicina, así como la prestación de servicios por fuera de los centros de reclusión. La resolución 1099 de 2026, publicada recientemente, deroga las normativas anteriores de 2015 y 2016, y establece un período de transición para mantener la continuidad de los servicios.
El Gobierno aseguró que la implementación del nuevo modelo permitirá una asignación más efectiva de recursos asistenciales para esta población en el sistema de salud.
Clasificación de centros de reclusión
La resolución establece una oferta diferencial de servicios intramurales mediante la clasificación de los establecimientos de reclusión en cinco categorías de Unidades de Atención Primaria (UAP), definidas según la capacidad poblacional, el perfil de seguridad, las características jurídicas y las condiciones de accesibilidad geográfica de cada establecimiento.
El Minsalud explicó que el nuevo modelo busca superar progresivamente problemáticas históricas relacionadas con la fragmentación de la atención, la desarticulación institucional y las barreras de acceso a los servicios de salud, fortaleciendo la capacidad del Estado para garantizar una atención oportuna, continua y de calidad a las personas privadas de la libertad.
