La divulgación de los estados financieros de Nueva EPS ha abierto un nuevo capítulo en el debate sobre la situación del sistema de salud colombiano. Las cifras conocidas evidencian pérdidas acumuladas cercanas a los $11 billones y pasivos superiores a los $22 billones. No obstante, los expertos coinciden en que la información todavía no refleja la dimensión completa de la crisis y advierten que el próximo Gobierno deberá construir un diagnóstico integral antes de adoptar decisiones sobre la mayor EPS del país.
Reacciones de los actores del sector
Más allá de las cifras divulgadas, las reacciones de los distintos actores muestran un consenso: los estados financieros oficializan un deterioro que durante años había sido señalado por gremios, centros de pensamiento, académicos y prestadores. La discusión dejó de concentrarse en la existencia de la crisis y se trasladó hacia su verdadera magnitud y las medidas que deberán adoptarse para evitar una mayor afectación sobre los usuarios.
La presidenta de Acemi, Ana María Vesga, sostuvo que la información publicada aún resulta insuficiente para establecer la realidad financiera y operativa de la entidad. A su juicio, los estados conocidos corresponden únicamente a una parte del período durante el cual Nueva EPS ha permanecido intervenida, por lo que todavía falta conocer el comportamiento de los años más recientes. La dirigente gremial señaló que "la publicación de los estados financieros de la Nueva EPS para los años sin duda no está completa sin la información hasta el año 2026" y explicó que los resultados divulgados corresponden únicamente a una fracción del período de intervención, circunstancia que, en su concepto, impide conocer la dimensión completa del deterioro.
Análisis forense necesario
Pese a esa advertencia, Vesga considera que las cifras ya permiten dimensionar una situación financiera crítica. Las pérdidas acumuladas cercanas a los $11 billones y los pasivos superiores a los $22 billones, afirmó, ayudan a explicar el represamiento que hoy enfrentan millones de afiliados en materia de asignación de citas, entrega de medicamentos y acceso oportuno a los servicios. Según la presidenta de Acemi, el nuevo gobierno recibirá la responsabilidad de establecer cuál es la situación real de la entidad al momento del empalme. Para ello considera indispensable desarrollar un análisis forense de los estados financieros y de la realidad contable registrada durante los años de intervención.
Una lectura similar planteó Augusto Galán, director de Así Vamos en Salud y exministro de la cartera, quien aseguró que la publicación de la información no representa una sorpresa para quienes venían haciendo seguimiento al comportamiento de la entidad durante los últimos años. Galán afirmó que "nos muestra un cuadro mucho más complejo de toda la situación financiera del sistema, pero no nos toma de sorpresa", pues durante varios años la ausencia de información financiera impedía confirmar oficialmente un deterioro que, según explicó, ya era visible en la operación cotidiana de la EPS.
Fotografía incompleta
Para el exministro, la falta de estados financieros durante tres años terminó ocultando una realidad que distintos sectores del sistema habían advertido mediante el seguimiento permanente a la operación y al comportamiento financiero de la aseguradora, situación que ahora queda reflejada en la información publicada. No obstante, Galán también considera que la fotografía sigue siendo incompleta. Recordó que aún falta conocer la información correspondiente a 2025 y advirtió que no existen señales que permitan concluir que la situación operativa haya mejorado durante ese período ni durante 2026.
Bajo ese escenario, sostuvo que el deterioro financiero podría ser incluso mayor cuando se conozcan los estados pendientes. Esa posibilidad, afirmó, obliga al próximo Gobierno a realizar una evaluación detallada antes de definir cualquier decisión sobre Nueva EPS o sobre las demás entidades intervenidas. El director de Así Vamos en Salud también hizo un llamado a evitar decisiones apresuradas. En su concepto, sería un error avanzar inmediatamente hacia procesos de liquidación sin contar previamente con un diagnóstico que permita establecer la condición real de cada entidad y construir soluciones graduales. Al mismo tiempo señaló que el desafío trasciende la situación particular de Nueva EPS. Consideró que la prioridad será garantizar la liquidez del sistema y cumplir los autos de la Corte Constitucional relacionados con la adecuada financiación del aseguramiento en salud.
Aspectos técnicos y financieros
Las observaciones no se limitaron al análisis financiero. Jesús Albrey González, presidente del Colegio de Abogados en Derecho Médico, llamó la atención sobre aspectos técnicos relacionados con la validez de los estados financieros divulgados por la entidad. El jurista manifestó su preocupación porque los estados financieros conocidos no cuentan con dictamen del contralor del proceso liquidatorio ni con revisor fiscal, situación que, según indicó, reduce su alcance desde el punto de vista contable y jurídico al no existir una opinión independiente.
Pese a ello, considera que las cifras permiten identificar un problema estructural. Según explicó, los gastos en salud superan los ingresos provenientes de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), lo que, en su criterio, confirma la insuficiencia de los recursos destinados a financiar el sistema. González sostuvo que el próximo gobierno deberá revisar la suficiencia de la UPC y avanzar en un proceso de concertación con los prestadores para construir un plan de choque financiero. A su juicio, el diálogo entre los distintos actores será determinante para recuperar la estabilidad del sistema.
Impacto en prestadores y pacientes
Desde la perspectiva de los prestadores, la Unión de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud de Colombia (Unips) advirtió que el impacto supera ampliamente la situación patrimonial de una sola EPS y compromete la estabilidad de toda la red hospitalaria del país. La organización afirmó que Nueva EPS concentra la atención de millones de afiliados y mantiene relaciones contractuales con una parte importante de hospitales y clínicas, razón por la cual cualquier deterioro en su capacidad de pago repercute directamente sobre el flujo de recursos que sostiene la prestación de los servicios.
Unips recordó que las instituciones prestadoras vienen enfrentando desde hace varios años una cartera creciente, retrasos en los pagos, mayores costos operacionales, incremento de obligaciones laborales y presiones derivadas del aumento en los precios de insumos y medicamentos. En ese contexto, la organización considera que una profundización de la crisis financiera podría desencadenar un efecto sistémico sobre toda la red prestadora, afectando no solo la sostenibilidad de las instituciones sino también la continuidad de la atención para millones de pacientes.
La entidad también advirtió que la insuficiencia de recursos termina reflejándose en barreras de acceso, retrasos en la atención, interrupción de tratamientos, dificultades para realizar diagnósticos oportunos y riesgos para pacientes con enfermedades de alto costo que dependen de una atención permanente. Por esa razón, insistió en la necesidad de adoptar un plan inmediato de recuperación y saneamiento financiero. De mantenerse la incertidumbre sobre la situación económica de Nueva EPS, señaló, algunas instituciones podrían verse obligadas a suspender servicios ante la imposibilidad de continuar operando sin recibir oportunamente el pago de sus obligaciones.
Conclusiones de los expertos
Las coincidencias entre los expertos muestran que la publicación de los estados financieros no cerró la discusión sobre Nueva EPS. Por el contrario, abrió una nueva etapa en la que el desafío será establecer la dimensión completa del deterioro financiero, determinar su impacto sobre la atención de millones de usuarios y definir las medidas que permitan recuperar la estabilidad de la principal EPS del país y del sistema de salud.
