La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) manifestó su preocupación por los recientes incrementos en las tarifas del servicio de acueducto en varias capitales del país, tras la entrada en vigor del nuevo marco tarifario expedido por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA). El pronunciamiento reúne la posición de los alcaldes de las 32 ciudades capitales frente al impacto de estas modificaciones sobre los usuarios.
Empresas prestadoras informan ajustes tarifarios
Según explicó la organización, durante los últimos días diversas empresas prestadoras del servicio han notificado a sus usuarios sobre los ajustes derivados de la nueva metodología regulatoria. Uno de los casos mencionados es el del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, que anunció un incremento gradual en la factura durante el periodo de transición hacia el nuevo esquema. Situaciones similares han generado inquietud ciudadana en otras regiones por el efecto que estas decisiones podrían tener sobre el valor final que pagan los hogares.
Alcaldes sin competencias para modificar tarifas
Asocapitales recordó que la definición de las metodologías tarifarias corresponde exclusivamente a la CRA, mientras que la aplicación de esos criterios recae sobre las empresas prestadoras. Sin embargo, enfatizó que los alcaldes y las administraciones municipales son quienes reciben directamente las preocupaciones y reclamaciones de la ciudadanía, pese a no contar con competencias legales para modificar las tarifas ni los criterios con los que se calculan.
El pronunciamiento sostiene que este escenario evidencia la necesidad de abrir una discusión técnica e institucional sobre el funcionamiento del actual marco tarifario. Para la asociación, si bien es indispensable garantizar la sostenibilidad financiera de las empresas y promover las inversiones requeridas para la continuidad y calidad del servicio, también es fundamental evaluar el impacto de estas decisiones regulatorias sobre la economía de los hogares y la capacidad de pago de los usuarios.
Propuesta: evaluar gradualidad y distribución de costos
Asocapitales planteó que el análisis del modelo debe buscar un equilibrio entre la viabilidad financiera del sistema y las condiciones económicas de los ciudadanos. El gremio afirmó que las decisiones regulatorias no solo deben responder a las necesidades de los operadores, sino también considerar las consecuencias sobre quienes reciben el servicio y deben asumir los incrementos en sus facturas mensuales.
La organización insistió en que las administraciones locales se encuentran en una posición compleja, ya que son el primer canal de atención frente a las inconformidades de los usuarios, aunque no tengan facultades para intervenir en la definición de las tarifas. Esto incrementa la necesidad de revisar el funcionamiento del esquema regulatorio y promover un diálogo institucional que analice sus efectos sobre las ciudades y sus habitantes.
Componentes a revisar según Asocapitales
Desde la perspectiva de las ciudades capitales, la implementación del nuevo marco tarifario debería incorporar un análisis sobre varios aspectos. Asocapitales indicó que la discusión debe contemplar "la gradualidad de los incrementos, la distribución de los costos reconocidos en la tarifa, los incentivos para mejorar la eficiencia de los prestadores, el peso de los componentes regulatorios y ambientales en la factura final".
Además, el gremio sostuvo que también es necesario estudiar mecanismos que permitan reducir impactos desproporcionados sobre los usuarios sin comprometer la sostenibilidad de los sistemas de acueducto. La intención es encontrar alternativas que mantengan la estabilidad financiera del servicio mientras se mitigan los efectos de las nuevas tarifas sobre los hogares colombianos.
Impacto en la mitad de la población colombiana
Por último, Asocapitales recordó que las ciudades capitales concentran cerca de la mitad de la población colombiana y representan la mayor demanda de servicios de agua potable y saneamiento básico. Bajo ese contexto, cualquier modificación en el esquema tarifario impacta a millones de usuarios, por lo que reiteró la necesidad de revisar el actual marco regulatorio mediante una discusión técnica e institucional que evalúe sus efectos y explore ajustes que armonicen la sostenibilidad del sistema con la capacidad de pago de los ciudadanos.
