La operación de Cerro Matoso quedó bajo un nuevo nivel de presión luego de que la Corte de Alberta, en Canadá, avalara la solicitud de Canacol Energy para terminar sus contratos de suministro de gas natural en Colombia. La información fue entregada por Cerro Matoso, que advirtió que la decisión podría hacer inviable su operación industrial en Córdoba, comprometer más de 2.000 empleos y afectar a cerca de 50.000 personas en comunidades vecinas.
Dependencia crítica del gas de Canacol
El punto central del caso está en el papel que cumple Canacol dentro del abastecimiento energético de Cerro Matoso. Según la compañía minera, Canacol venía suministrando el 82 % del gas natural que requiere para operar, por lo que una terminación efectiva del contrato dejaría a la empresa sin una fuente confiable para sostener su proceso productivo de ferroníquel.
Cerro Matoso señaló que, en las últimas semanas, Canacol ha venido reduciendo de manera unilateral las entregas previstas en el contrato e imponiendo restricciones que, según la empresa, ponen en riesgo la continuidad de la operación. La compañía sostuvo que el gas natural es un insumo “irreemplazable” dentro de su proceso industrial y que sin este recurso no es posible mantener en funcionamiento los equipos críticos.
Riesgos de parada de hornos y costos millonarios
Uno de los mayores riesgos señalados por Cerro Matoso está asociado al eventual apagado de sus dos hornos. La empresa explicó que, sin un suministro confiable de gas, se vería obligada a detener la operación y apagar equipos críticos, una medida que podría ocasionar daños estructurales irreversibles en esas unidades.
De acuerdo con la compañía, la recuperación de esos activos podría tardar más de 10 meses de inactividad y requerir costos estimados entre $550.000 millones y $730.000 millones por cada horno. Esta cifra dimensiona el alcance del impacto operativo que tendría una interrupción prolongada del suministro energético para una planta que depende del gas natural como parte esencial de su proceso productivo.
Impacto económico y social para Córdoba y el país
El eventual freno de la operación también tendría repercusiones fiscales y económicas. Cerro Matoso indicó que Colombia dejaría de percibir cerca de $3.000 millones diarios por concepto de impuestos, regalías y compra de bienes y servicios. Ese impacto se sumaría a la afectación laboral y comunitaria en una zona donde la empresa ha tenido presencia durante 44 años.
La compañía recordó que en 2025 destinó más de $10.600 millones en inversión social para comunidades vecinas. Con ese dato, Cerro Matoso busca subrayar que el alcance de la contingencia no se limita al frente industrial, sino que también toca programas y dinámicas sociales asociadas a su operación en el departamento de Córdoba.
El comunicado también advierte sobre posibles efectos en otros sectores y usuarios. Cerro Matoso sostuvo que la decisión de Canacol, avalada por la corte canadiense, pone en riesgo la seguridad e integridad de personas y activos industriales, así como el abastecimiento de gas para poblaciones de la Costa Atlántica, que podrían enfrentar incrementos importantes en las tarifas del servicio.
Vía jurídica que seguirá Cerro Matoso
Tras la decisión de primera instancia en Canadá, Cerro Matoso informó que cuenta con un plazo de 21 días para interponer un recurso de apelación y solicitar a la corte canadiense de segunda instancia que revoque la decisión adoptada por el juez. La empresa aseguró que acudirá a todos los mecanismos y vías jurídicas disponibles para proteger sus derechos y asegurar la continuidad de la operación.
La compañía también puso el foco en el papel que tendrían las autoridades colombianas. Según Cerro Matoso, la Superintendencia de Sociedades es la entidad competente para evaluar si la decisión definitiva que adopte la justicia canadiense debe ser reconocida o no en Colombia. En ese análisis, indicó la empresa, deberán considerarse la soberanía nacional, la seguridad energética y el respeto por las normas de orden público colombiano. Esa será una de las claves del proceso, pues aunque el fallo se produjo en Canadá, sus efectos podrían sentirse directamente en una operación industrial ubicada en Colombia.
