La senadora Paloma Valencia propuso que, en un eventual gobierno suyo, el Estado asuma el pago del SOAT para motos de hasta 250 centímetros cúbicos pertenecientes a personas de estratos 1, 2 y 3. La iniciativa cubriría al 93,4 % de las motos del país, pero ha generado controversia entre expertos y el gremio asegurador.
Actualmente, la tarifa máxima del SOAT para motos entre 100 y 200 cc es de $343.300. El Gobierno actual redujo en un 50 % el costo para motos de bajo cilindraje desde enero de 2023. Según datos de Fasecolda, a corte de 2025, de 13,5 millones de motos registradas, solo 5,7 millones tienen SOAT (42,7 %), la cifra más alta desde 2020. En 2024 el porcentaje era del 40 %; en 2023 del 39,7 % y en 2022 del 38,8 %.
Gustavo Morales, presidente de Fasecolda, advirtió que eliminar el SOAT a motociclistas de motos pequeñas los desprotege, porque serán atendidos en clínicas que deberán cobrar al Estado, un pagador más lento que el SOAT o las ARL. Además, señaló que el 88 % de los siniestros viales involucran motos, por lo que eximirlas de aportar sería una injusticia social.
La propuesta también dejaría un vacío financiero, ya que el costo de atención recaería sobre el sistema público, subsidiado por todos los contribuyentes. Según un informe de la Andi y Fenalco, hasta abril de este año las ventas de motos crecieron un 37,09 % respecto al año anterior, y el 48 % de las motos vendidas en abril tienen cilindraje entre 101 y 125 cc, muy por debajo del umbral de 250 cc planteado.
