El Ministerio de Transporte continúa sin expedir el acto administrativo que formalizaría el aplazamiento de los reglamentos técnicos de seguridad vehicular, pese a que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y la Embajada de Colombia en Estados Unidos ya se pronunciaron a favor de la prórroga.
Demora denunciada por Andemos
La demora, denunciada por la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos) el 24 de junio de 2026, deja al sector automotor sin certeza regulatoria tres semanas después de la fecha límite que el propio Gobierno se había fijado. El gremio insiste en la necesidad de que el Ministerio de Transporte expida cuanto antes el acto que formalice el aplazamiento, sustentado en conceptos de la ANSV, la SIC y la Embajada de Colombia en Estados Unidos, que coinciden en la necesidad de un plazo adicional para culminar los estudios técnicos y regulatorios pendientes.
Solicitud de prórroga desde Mincomercio
La solicitud de prórroga partió de la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales, quien el 15 de mayo de 2026 le pidió a la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas Mantilla, ampliar 12 meses la entrada en vigencia de los reglamentos técnicos de vehículos y motocicletas contenidos en siete resoluciones expedidas en 2025. La ministra invocó una instrucción presidencial, una reunión reciente entre ambas carteras y un oficio del embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, que respaldaba la misma solicitud.
El argumento central de esa carta era preservar el proceso de coexistencia entre los reglamentos técnicos de Naciones Unidas, conocidos como WP.29, y los estándares de seguridad vehicular de Estados Unidos, denominados FMVSS. Según el Mincomercio, completar ese estudio dentro del cronograma inicial no dejaría tiempo suficiente para ajustar la normativa, expedir los actos administrativos correspondientes ni permitir que productores e importadores se adaptaran antes de que los reglamentos entraran en vigencia.
Andemos insiste en la expedición del acto administrativo
Más de tres semanas después de que venciera el plazo propuesto por el Mincomercio, Andemos retomó la solicitud el 24 de junio de 2026. El gremio le pidió al Ministerio de Transporte expedir cuanto antes el acto que formalice el aplazamiento, y sustentó su pedido en conceptos de la ANSV, la SIC y la Embajada de Colombia en Estados Unidos, que, según el comunicado, coinciden en la necesidad de un plazo adicional para culminar los estudios técnicos y regulatorios pendientes.
"Las diferentes entidades del Gobierno Nacional ya han expresado la conveniencia de otorgar un plazo adicional para culminar los procesos técnicos y regulatorios pendientes. Por ello, resulta fundamental que esta decisión sea formalizada cuanto antes mediante el correspondiente acto administrativo", afirmó Andrés Chaves, presidente ejecutivo de Andemos.
La coexistencia con las normas de Estados Unidos sigue en veremos
Andemos advirtió que, mientras no se expida el acto administrativo, el sector mantiene incertidumbre jurídica y operativa, con riesgos sobre la oferta de vehículos, la competencia en el mercado y las opciones disponibles para los consumidores colombianos, incluido el acceso a modelos fabricados bajo los estándares de Estados Unidos. El gremio también remarcó el efecto que esta indefinición podría tener sobre la confianza comercial entre los dos países, en momentos en que el Gobierno colombiano busca abrir espacios de diálogo técnico con Washington, Brasilia, Buenos Aires, Tokio y Bruselas.
"Lo que requiere hoy el sector es certeza regulatoria. La expedición del acto administrativo permitirá materializar una decisión que ya cuenta con respaldo técnico e institucional, otorgando el tiempo necesario para construir una solución equilibrada que proteja la seguridad vial, garantice la libre elección de los consumidores y preserve la competitividad del mercado colombiano", concluyó Chaves.
El Ministerio de Transporte no se ha pronunciado públicamente sobre las razones de la demora ni sobre una nueva fecha para expedir el acto administrativo.
