La Corte Constitucional ordenó a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) que revise las pruebas presentadas por la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) en el marco de una investigación por presunta colusión entre directivos del fútbol profesional colombiano. El alto tribunal protegió el derecho al debido proceso de la Dimayor, que había solicitado un dictamen pericial que no fue evaluado antes del cierre de la etapa probatoria.
Antecedentes del caso
La SIC, a través de su Delegatura para la Protección de la Competencia, inició un proceso administrativo para investigar posibles infracciones al régimen de libre competencia en el mercado de futbolistas profesionales. En este contexto, se indagó una supuesta conducta anticompetitiva de la Dimayor relacionada con acuerdos de colusión entre directivos de varios clubes.
Durante la etapa probatoria, la Dimayor solicitó la práctica de un dictamen pericial. Sin embargo, la Delegatura indicó que se pronunciaría posteriormente sobre dicha solicitud, pero nunca lo hizo. En su lugar, cerró el período probatorio sin resolver sobre la admisibilidad de la prueba. Para la Dimayor, esta actuación vulneró su derecho al debido proceso, ya que no pudo controvertir la evidencia que motivó la apertura de la investigación.
Decisión de la Corte
La Corte Constitucional, al revisar una acción de tutela presentada por la Dimayor, reiteró las garantías del debido proceso en los procedimientos administrativos. Destacó el derecho de las personas a ser oídas antes de que la Administración adopte una decisión, lo que incluye la facultad de formular alegaciones, aportar pruebas y obtener una valoración de las mismas.
El alto tribunal concluyó que la Delegatura de la SIC no respetó estas garantías, pues nunca se pronunció de manera expresa y motivada sobre la admisibilidad de la prueba pericial solicitada. “Esta circunstancia alteró el curso regular del proceso e impidió que la accionante pudiera cuestionar la evidencia que motivó el inicio del proceso”, señaló la Corte.
Órdenes específicas
Por lo anterior, la Corte dejó sin efectos la resolución que ordenó el cierre del período probatorio dentro de la investigación administrativa. Asimismo, le ordenó a la Delegatura para la Protección de la Competencia de la SIC que resuelva la solicitud probatoria de la Dimayor, garantizando así su derecho a la defensa y al debido proceso.
Esta decisión marca un precedente importante en la protección de los derechos procesales de las entidades investigadas por presuntas prácticas anticompetitivas en el ámbito deportivo colombiano.
