La Corte Constitucional destraba la creación de la Jurisdicción Agraria y ordena su implementación progresiva a partir de 2027
La Corte Constitucional de Colombia ha dado un paso decisivo al desbloquear la creación de la Jurisdicción Agraria, ordenando que se avance en la implementación progresiva de juzgados y tribunales especializados que comenzarán a operar desde el año 2027. Esta decisión surge tras el análisis de una demanda presentada por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en un contexto donde se evidenció la necesidad de contar con mecanismos judiciales especializados para resolver los conflictos relacionados con la tierra y la propiedad rural.
El fallo también exhorta al Congreso de la República a aprobar la ley ordinaria que reglamenta el funcionamiento de esta jurisdicción, considerada un paso fundamental para completar el desarrollo normativo del Acto Legislativo 03 de 2023. Esta discusión se da casi una década después de la firma del Acuerdo Final de Paz de Colombia, que incluyó dentro de sus compromisos la creación de una jurisdicción especializada para atender las disputas agrarias.
La Corte ordena crear juzgados agrarios y rurales desde 2027
La sentencia establece que el Consejo Superior de la Judicatura deberá adelantar las actuaciones necesarias para crear e implementar progresivamente los nuevos juzgados y tribunales agrarios y rurales. El objetivo es que estas instancias entren en funcionamiento a partir del próximo año y asuman procesos relacionados con conflictos de tierras, contratos agrarios y disputas sobre propiedad rural.
La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, señaló que aún quedan pocas sesiones legislativas para discutir el proyecto de ley que regula el procedimiento especial agrario. Según explicó, la Corte exhortó al Congreso a tramitar de manera urgente esa norma, al considerarla indispensable para completar el desarrollo de la nueva jurisdicción.
Por su parte, el director de la ANT, Juan Felipe Harman, pidió a la Cámara de Representantes y al Senado avanzar en la aprobación de los procedimientos requeridos para su funcionamiento.
Procesos agrarios estancados y ausencia de jueces especializados
Uno de los elementos expuestos ante la Corte fue la falta de jueces especializados para resolver conflictos rurales, situación que, según la ANT, ha generado demoras y procesos sin decisiones de fondo. De acuerdo con la entidad, desde 2025 fueron radicadas 13 demandas relacionadas con 15 procesos agrarios que involucran cerca de 16.400 hectáreas.
La Agencia señaló que estos casos permanecen paralizados y no han superado etapas iniciales de admisibilidad, debido a la inexistencia de una jurisdicción especializada. Actualmente, tampoco existirían decisiones judiciales definitivas sobre procedimientos relacionados con identificación, recuperación y administración de tierras baldías bajo las reglas del Decreto Ley 902 de 2017.
La ANT indicó además que ha cerrado procesos administrativos sobre más de 45.000 hectáreas y proyecta cerrar otros relacionados con más de 60.000 hectáreas durante el resto de 2026. Estos expedientes hacen parte de los procesos vinculados al Fondo de Tierras y a mecanismos de redistribución contemplados en la política rural del Estado.
Jurisdicción Agraria y cumplimiento del Acuerdo de Paz
La Jurisdicción Agraria fue incorporada mediante el Acto Legislativo 03 de 2023 y busca integrar jueces y magistrados especializados dentro de la Rama Judicial. Su función será resolver disputas relacionadas con propiedad, uso y posesión de tierras, contratos agropecuarios, servidumbres, ocupaciones y conflictos sobre recursos compartidos en predios rurales.
El modelo contempla procedimientos con énfasis en oralidad, celeridad e itinerancia, permitiendo que los jueces se desplacen a los territorios para realizar audiencias y recopilar pruebas. También prevé que un mismo proceso pueda resolver distintos conflictos relacionados con un predio, incluidos litigios entre particulares y actuaciones frente al Estado.
Dentro del análisis realizado por la Corte participaron académicos, organizaciones campesinas, gremios y congresistas, quienes expusieron posiciones sobre el alcance y funcionamiento de la nueva jurisdicción. El Gobierno sostuvo durante las audiencias que la creación de estos despachos permitiría resolver conflictos agrarios complejos y reducir la congestión judicial en materia rural.
La implementación de la jurisdicción también está vinculada al Punto 1 del acuerdo de paz, que estableció la necesidad de crear mecanismos especializados para resolver conflictos sobre tierras. El debate legislativo seguirá ahora en el Congreso, donde deberá aprobarse la ley ordinaria que definirá procedimientos y competencias específicas de los nuevos juzgados agrarios.
Mientras tanto, la decisión de la Corte marca el inicio formal del proceso institucional para poner en marcha una nueva jurisdicción dentro del sistema judicial colombiano.
