Polémica por título minero entregado por Petro en Caucasia
Lo que el 11 de abril de 2024 se anunció como un hito de la Asamblea Popular por la Paz y la Vida en Caucasia, Antioquia, hoy se convierte en un dolor de cabeza institucional para la Casa de Nariño. El presidente Gustavo Petro, acompañado del entonces ministro de Minas, Andrés Camacho, entregó oficialmente títulos mineros para la formalización de trabajadores. Sin embargo, el nombre de la primera beneficiaria en subir a la tarima ha encendido las alarmas de la inteligencia militar y las autoridades ambientales: Hermelina Isabel Cardozo Calle.
La sombra sobre “La Mandinga”
Cardozo Calle es la titular del contrato de concesión de la mina La Mandinga, un predio ubicado estratégicamente junto al Batallón de Infantería Aerotransportado No. 31 Rifles, en el municipio de Cáceres. A pesar del apretón de manos oficial y la foto presidencial, un informe reservado del Ejército Nacional, fechado en diciembre de 2022 —dos años antes del evento—, ya advertía sobre actividades criminales en dicho terreno.
El documento, firmado por el teniente Héctor Leonardo Saavedra, describe un escenario apocalíptico:
- Devastación de flora y fauna: Remoción masiva de montañas.
- Contaminación química: Vertimiento de mercurio y combustibles en fuentes hídricas que surten a la población civil.
- Inseguridad nacional: Actividades de extracción a escasos metros de una base militar sin control técnico.
¿Falla de inteligencia o negligencia administrativa?
La gran interrogante que sacude a la Agencia Nacional de Minería (ANM) es cómo una persona con reportes de “infracción ambiental grave” y señalamientos de liderar esquemas informales de extracción logró superar los filtros para una formalización liderada por el propio Presidente.
Según los reportes de las Fuerzas Militares, la zona de La Mandinga ha sido escenario de una “desaparición de extensas áreas de montaña” debido a labores que, hasta antes de la entrega del título, se consideraban fuera de la ley. El Ejército fue enfático al advertir que estas prácticas carecían de cualquier estudio técnico de planeamiento minero o instrumento de control ambiental.
El silencio de las autoridades
A pesar de que el informe del Ejército fue enviado a Corantioquia y era de conocimiento en la región, la resolución de la ANM procedió, permitiendo que la comerciante recibiera el aval del Estado en un acto público televisado.
“Se evidencian unos pasivos ambientales por las intervenciones efectuadas... los hechos se constituyen en infracción ambiental dado que esta actividad se desarrolla sin ningún estudio técnico”, reza el informe del Ejército que parece haber sido ignorado en los escritorios de Bogotá.
Este hallazgo pone en entredicho los protocolos de la formalización minera del Gobierno Nacional, uno de los pilares del Plan Nacional de Desarrollo de Petro. Mientras el Ejecutivo busca “territorializar la paz” a través de la minería legal, el caso de Hermelina Cardozo sugiere una desconexión peligrosa entre las alertas de inteligencia en territorio y la adjudicación de derechos mineros desde la capital.
