La minera Cerro Matoso redujo en un 25% su operación debido a la decisión de la empresa energética Canacol de restringir el suministro de gas natural a 7.000 Mbtu a partir del 1 de julio, lo que representa una disminución del 55% del volumen contratado. La medida obligó a la compañía a suspender parcialmente procesos operativos, afectando cientos de empleos y contratos de bienes y servicios.
Impacto en la producción y la economía local
De mantenerse o aumentar esta restricción, Cerro Matoso se vería forzada en los próximos días a detener una de sus dos líneas de producción, lo que reduciría a la mitad su capacidad productiva. Esto impactaría directamente los empleos, compras, contratos y aportes al país. La empresa genera cerca de $3.000 millones diarios en regalías, impuestos y compras locales que benefician a miles de familias en Córdoba y Colombia.
Antecedentes contractuales y diálogo judicial
Cerro Matoso mantiene un contrato de suministro de gas natural con Canacol Energy vigente hasta 2029. Sin embargo, a principios de mayo, Canacol solicitó ante una corte de Canadá la terminación anticipada de los contratos vigentes en Colombia. La minera participó de buena fe en los espacios de diálogo promovidos por la corte, pero señaló que las propuestas de Canacol incluían incrementos tarifarios desproporcionados y términos inviables.
“Cerro Matoso participó de buena fe en los espacios de diálogo promovidos por la Corte en Canadá y manifestó de manera permanente su disposición para construir una solución negociada proponiendo diferentes opciones. Sin embargo, dichos espacios fueron limitados y las propuestas planteadas por Canacol contemplaban incrementos tarifarios desproporcionados, términos contractuales que no resultaban viables ni equilibrados para las partes y la ausencia de compromisos firmes respecto a las cantidades de gas a suministrar”, explicó la compañía.
Competencia de la Superintendencia de Sociedades
En Colombia, la Superintendencia de Sociedades es la autoridad competente para evaluar si la decisión definitiva de la justicia canadiense debe ser adoptada en el país, considerando la soberanía nacional, la seguridad energética y el respeto por las normas de orden público colombiano.
