La Federación Nacional de Industriales de la Madera (Fedemaderas) expresó su preocupación por información conocida en el marco de procedimientos agrarios que, según indicó, sugeriría que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) estaría realizando búsquedas y cruces masivos de información patrimonial a partir del NIT de empresas e inversionistas, en lugar de iniciar el análisis desde la situación jurídica, catastral y registral de predios específicos.
Para el gremio, la situación merece claridad por las implicaciones que tendría sobre la seguridad jurídica y la confianza en la inversión. El gremio explicó que, de confirmarse esa metodología, surgirían interrogantes sobre el respeto a principios como la imparcialidad, el debido proceso y la seguridad jurídica, que deben orientar las actuaciones administrativas.
Preocupación por inversiones de largo plazo
Fedemaderas señaló que estas garantías adquieren mayor relevancia cuando los procedimientos involucran inversiones privadas nacionales y extranjeras vinculadas a actividades rurales y proyectos productivos de largo plazo. El gremio indicó que la situación resulta especialmente sensible para empresas del sector forestal con presencia histórica en Antioquia. Según el comunicado, estas compañías han desarrollado proyectos productivos durante varios años, han realizado inversiones significativas, generan empleo formal en zonas rurales y participan en el desarrollo económico, ambiental y social de los territorios donde operan.
El documento aclara que la recuperación de baldíos indebidamente ocupados y el ordenamiento de la propiedad rural corresponden a funciones legítimas del Estado. No obstante, sostiene que estas competencias deben ejercerse dentro de los límites establecidos por la Constitución y la ley, mediante criterios técnicos, objetivos y transparentes, evitando percepciones de actuaciones dirigidas hacia determinados actores económicos.
Llamado a la transparencia
En ese contexto, el director ejecutivo nacional de Fedemaderas, Juan Miguel Vásquez, afirmó que “un ambiente de confianza y certidumbre sobre inversiones de muy largo aliento, como aquellas que caracterizan a la red forestal, debe ser parte de las garantías brindadas por cualquier gobierno, convirtiéndose en base de las políticas de Estado para el desarrollo económico de los territorios”. El dirigente agregó que el sector forestal requiere estabilidad jurídica debido a que sus proyectos demandan inversiones con horizontes de largo plazo. El comunicado sostiene que este tipo de actividades depende de reglas claras para garantizar la continuidad de los cultivos forestales y de los bosques gestionados sosteniblemente en diferentes regiones del país.
Fedemaderas aseguró además que el potencial forestal colombiano permanece ampliamente subutilizado. Según las cifras divulgadas por el gremio, el nivel de subutilización y aprovechamiento forestal alcanza el 92% frente a las posibilidades existentes. A su juicio, superar esa limitación requiere tanto condiciones técnicas favorables como un entorno de confianza y seguridad para quienes destinan recursos a estos proyectos.
Riesgo de reclamaciones internacionales
El gremio también advirtió que cualquier práctica que pueda interpretarse como un perfilamiento institucional de empresas o inversionistas podría generar incertidumbre sobre las garantías jurídicas ofrecidas por el país para el desarrollo de actividades productivas rurales. En consecuencia, considera que ello tendría efectos sobre la confianza de quienes invierten, generan empleo y desarrollan iniciativas económicas en las regiones.
Otro de los aspectos planteados en el comunicado corresponde al alcance internacional que podrían tener este tipo de actuaciones. Fedemaderas señaló que, si inversionistas extranjeros consideran vulnerados los estándares de protección previstos en tratados internacionales de inversión, Colombia podría enfrentar reclamaciones ante tribunales arbitrales internacionales, con eventuales impactos económicos para el Estado.
La organización recordó igualmente que el ordenamiento jurídico colombiano contempla mecanismos para establecer eventuales responsabilidades individuales cuando actuaciones administrativas contrarias a la ley ocasionen perjuicios patrimoniales al Estado, sin perjuicio de las investigaciones que puedan adelantar las autoridades competentes en cada caso.
Llamado a la ANT
Finalmente, Fedemaderas reiteró su disposición para participar en la construcción de una política pública rural orientada a la formalización de la propiedad, el desarrollo sostenible del campo, la generación de empleo y la inversión responsable. Asimismo, hizo un llamado a la Agencia Nacional de Tierras para que explique los criterios técnicos y jurídicos que sustentan sus procedimientos y garantice que las actuaciones administrativas se desarrollen con observancia de los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, debido proceso y protección de la inversión.
