Un grupo de congresistas envió una carta al presidente electo, Abelardo de la Espriella, y al futuro ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Indalecio Dangond Baquero, para solicitar la revocatoria inmediata de las resoluciones que crearon las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) y las Zonas de Protección para la Producción de Alimentos (ZPPA) en cinco regiones del país. La petición, fechada el 11 de julio de 2026, se fundamenta en que estas medidas, adoptadas bajo el artículo 32 de la Ley 2294 de 2023 del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Gustavo Petro, afectan la autonomía territorial, la propiedad privada y la libertad de empresa.
Congresistas que respaldan la solicitud
La carta está firmada por la senadora Sara Castellanos, del Partido Salvación Nacional, la representante a la Cámara Carol Stefanny Borda, del mismo partido, y el representante Daniel Briceño, del Centro Democrático. Los congresistas argumentan que el artículo 32 de la Ley 2294 de 2023 convirtió una ley de vigencia cuatrienal en una herramienta permanente, otorgando al Ministerio de Agricultura la facultad de determinar el uso de tierras en departamentos y municipios, así como las actividades que pueden desarrollar los propietarios de predios incluidos en estas áreas.
Implicaciones de las APPA y ZPPA
Según los congresistas, las resoluciones emitidas con base en el artículo 32 imponen restricciones a la propiedad privada y limitan actividades como comercio, industria, turismo, minería o construcción de vivienda en predios rurales. Señalan que estas decisiones se adoptaron sin una ley específica que autorizara ese tipo de restricciones y sin estudios técnicos que respaldaran plenamente las decisiones administrativas. La solicitud incluye la revocatoria de resoluciones en Sabana Centro (Cundinamarca), La Guajira, Suroeste de Antioquia, Córdoba, Tolima y Santander.
Resoluciones específicas que se pide revocar
En Sabana Centro, Cundinamarca, se mencionan las resoluciones 507 de 2023, 266 de 2025 y 153 de 2026. Para La Guajira, las resoluciones 230 de 2023, 161 de 2024 y 289 de 2025. En el Suroeste de Antioquia, las resoluciones 377 de 2024, 330 de 2025, 393 de 2025 y 394 de 2025, además de las resoluciones 11, 12, 18, 63, 64, 116 y 117, todas de 2026. En Córdoba, las resoluciones 242 de 2025 y 93 de 2026. Para Tolima, las resoluciones 352 de 2024, 44 de 2026, 45 de 2026 y 52 de 2026. Finalmente, en Santander, la resolución 269 de 2025.
Petición adicional sobre el Decreto 1147 de 2024
Además de la revocatoria de las resoluciones, los congresistas solicitan revisar el Decreto 1147 de 2024, que faculta a la Agencia Nacional de Tierras para fijar límites a la propiedad privada dentro de las Zonas de Reserva Campesina. La carta también hace referencia a observaciones de la Contraloría General de la República, que advirtió riesgos legales, fiscales y de gobernanza en la implementación de las APPA, y de la Procuraduría General de la Nación, que solicitó a la Corte Constitucional declarar inexequible el artículo 32 de la Ley 2294 de 2023.
Llamado a la seguridad jurídica
En la parte final del documento, los congresistas plantean que el país requiere “seguridad jurídica, autonomía territorial real y respeto a la propiedad privada” como elementos para promover inversión y generación de empleo en las zonas rurales. La solicitud se concentra en territorios donde las APPA y ZPPA fueron delimitadas por el Ministerio de Agricultura durante los últimos años, como instrumentos de planificación para proteger áreas destinadas a la producción de alimentos.
