La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) presentó una demanda ante el Consejo de Estado para impugnar la resolución que fija el nuevo marco tarifario para los servicios de acueducto y alcantarillado en Colombia. La acción legal busca proteger los intereses de las empresas prestadoras y de los usuarios ante posibles incrementos desmedidos en las tarifas.
Detalles de la demanda
La demanda fue radicada el pasado 15 de marzo y cuestiona varios aspectos de la Resolución CRA 943 de 2023, emitida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA). Según Andesco, la norma no tuvo en cuenta los estudios técnicos necesarios y podría generar un aumento injustificado en las tarifas para los colombianos.
El presidente de Andesco, Camilo Sánchez, afirmó que "el nuevo marco tarifario no considera las realidades operativas de las empresas ni las condiciones socioeconómicas de los usuarios, lo que pondría en riesgo la prestación eficiente del servicio". La asociación representa a más de 40 empresas de servicios públicos en el país, que atienden a cerca de 30 millones de usuarios.
Impacto en las tarifas
De acuerdo con cálculos preliminares de Andesco, la implementación del nuevo marco podría elevar las tarifas de acueducto y alcantarillado entre un 15% y un 20% en promedio, afectando especialmente a los hogares de estratos 1, 2 y 3. "Esto es inaceptable en un contexto de alta inflación y desaceleración económica", agregó Sánchez.
La CRA, por su parte, defendió la resolución argumentando que busca actualizar los costos de prestación y promover inversiones en infraestructura. En un comunicado, la entidad señaló que "el nuevo marco tarifario fue sometido a consulta pública y cuenta con el respaldo técnico necesario".
Reacciones del sector
La demanda de Andesco ha generado reacciones encontradas. Algunos gremios, como la Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (Acodal), respaldan la acción legal, mientras que organizaciones de consumidores la consideran una medida necesaria para evitar abusos. "Esperamos que el Consejo de Estado revise a fondo la resolución y proteja los derechos de los usuarios", indicó un vocero de la Liga de Consumidores.
El Consejo de Estado deberá decidir si admite la demanda y, eventualmente, si suspende provisionalmente la aplicación del nuevo marco tarifario. Se espera que el proceso judicial tome varios meses, durante los cuales las tarifas actuales se mantendrían vigentes.
