La Contraloría General de la República alertó sobre graves falencias en las condiciones laborales de las manipuladoras del Programa de Alimentación Escolar (PAE), así como riesgos en la ejecución de recursos públicos. Tras auditorías recientes, se identificaron irregularidades contractuales, retrasos en pagos y posibles sobrecostos por más de 18.600 millones de pesos.
Hallazgos fiscales y sobrecostos
Durante la vigencia 2025, las auditorías de cumplimiento realizadas a nivel nacional detectaron cerca de 30 hallazgos, de los cuales 20 tienen incidencia fiscal por más de 18.600 millones de pesos. Según el ente de control, estos resultados estarían asociados a presuntos sobrecostos en la operación del programa, en un escenario donde los recursos destinados a garantizar salarios dignos no estarían llegando de forma adecuada a las manipuladoras.
La entidad advierte que esta situación no solo afecta la ejecución eficiente del gasto público, sino que también introduce distorsiones en la finalidad del programa. Cuando los recursos no se destinan correctamente, se compromete la sostenibilidad operativa y se generan riesgos que impactan tanto la calidad del servicio como la confianza en la gestión de los fondos públicos.
Condiciones laborales irregulares
El análisis realizado por la Contraloría también identificó fallas en la formalización de los vínculos laborales de las manipuladoras, así como retrasos en el pago de remuneraciones y condiciones de inestabilidad. A partir de información suministrada por las propias trabajadoras, se detectaron prácticas de contratación por periodos aproximados de cuatro meses, lo que podría estar fragmentando la relación laboral.
Este tipo de esquemas, advierte la entidad, podría estar siendo utilizado para diluir las obligaciones relacionadas con el reconocimiento de derechos, especialmente en materia de seguridad social. La situación genera un entorno de incertidumbre laboral que impacta directamente a quienes desempeñan un rol fundamental en la operación del programa y en la garantía del servicio alimentario en instituciones educativas.
Peticiones ciudadanas y patrones recurrentes
El fenómeno no es aislado. Entre 2024 y 2025 se registraron 1.069 peticiones ciudadanas relacionadas con el PAE, de las cuales al menos 312 advierten posibles afectaciones en materia laboral. De estas, cerca de medio centenar hacen referencia directa a las condiciones de las manipuladoras, lo que configura un patrón que, según la Contraloría, trasciende casos puntuales.
Entre 2022 y 2025, el seguimiento al PAE ha permitido identificar 149 hallazgos con presunta incidencia fiscal por un valor de 49.662 millones de pesos. De estos, el 67% corresponde a sobrecostos, mientras que un 17% está relacionado con deficiencias en la ejecución contractual, lo que evidencia problemas estructurales en la administración del programa en distintas regiones del país.
Llamado a las autoridades
Ante este panorama, la Contraloría hizo un llamado al Ministerio del Trabajo para que adelante acciones de inspección, vigilancia y control en el marco de sus competencias. El objetivo es verificar el cumplimiento de las normas laborales aplicables en la operación del PAE y adoptar medidas que permitan garantizar la protección efectiva de los derechos de las manipuladoras de alimentos.
Asimismo, el organismo instó a las entidades territoriales y a los operadores del programa a adoptar medidas inmediatas orientadas a asegurar condiciones laborales dignas, en línea con los principios de legalidad y dignidad humana. Estas acciones deben ser verificables y alineadas con la normativa vigente, incluyendo disposiciones recientes como el artículo 69 de la Ley 2466 de 2025 y la Resolución 0003 de 2026.
Impacto en la calidad del servicio
La advertencia también pone de relieve el impacto que estas falencias pueden tener sobre la continuidad y calidad del servicio de alimentación escolar. La inestabilidad laboral y las irregularidades contractuales podrían afectar la operación diaria del programa, generando riesgos en la atención a la población beneficiaria y en la eficiencia del uso de los recursos públicos destinados a este fin.
En este contexto, los hallazgos del ente de control evidencian la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión y control en el PAE, así como de ajustar las prácticas contractuales para garantizar que los recursos cumplan su propósito. La articulación entre entidades, operadores y autoridades laborales se perfila como un elemento clave para corregir las fallas identificadas y asegurar la sostenibilidad del programa.
