Findeter adjudica contrato millonario con certificaciones cuestionadas
Una investigación periodística de La FM ha revelado presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato por $18.000 millones por parte de Findeter, la Financiera de Desarrollo Territorial. El contrato, destinado a la adquisición de maquinaria pesada para proyectos viales en municipios afectados por la violencia, fue firmado pocas horas antes del inicio de la ley de garantías mediante contratación directa.
Proceso inicial cancelado y reiniciado
El proceso comenzó en noviembre de 2025 con una convocatoria pública para un contrato de $15.215 millones con recursos del Fondo Paz, destinado a municipios de Norte de Santander, Nariño y Putumayo. Findeter, que opera como banca de inversión con presupuesto anual cercano al billón de pesos, debía gestionar todo el proceso desde la convocatoria hasta la interventoría.
Tras recibir tres propuestas iniciales y múltiples prórrogas para corregir fallas en la documentación, el proceso fue cancelado en diciembre sin adjudicación. La Unión Temporal Moto Mart Industrias Búfalo no presentó a tiempo su documento de constitución, lo que según los requisitos debía implicar su descalificación.
Nuevo proceso con adición presupuestal
Posteriormente, se abrió un nuevo proceso con un presupuesto aumentado a $18.000 millones, estructurado por grupos de maquinaria. De seis propuestas recibidas en enero, cuatro fueron rechazadas, quedando solo dos proponentes. La investigación descubrió que la Unión Temporal M&B presentó una carta cupo del Banco de Bogotá que fue declarada falsa por la entidad financiera.
"El banco confirmó que el documento no correspondía a uno emitido por ellos, que el cliente no contaba con esa línea de crédito y que no especificaba la convocatoria correspondiente", señaló el informe.
Contratación directa cuestionada
El 29 de enero, el proceso se declaró desierto y ese mismo día, entre las 6:05 p.m. y las 11:50 p.m., el comité fiduciario de Findeter decidió buscar una contratación directa. Seis directivos de la entidad, incluyendo al secretario general Iván Alirio Ramírez y al presidente Carlos Saad, avanzaron en la búsqueda de un contratista.
El 30 de enero, justo un día antes del inicio de la ley de garantías, se adjudicaron directamente $18.000 millones al consorcio MAQ 2026, representado por Kelly Patricia Almanza Correa, Serafín Antonio Urrea y Annie Yohai Macea Cano.
Certificaciones de experiencia no verificadas
Para la adjudicación directa, el consorcio debía presentar certificaciones de experiencia como distribuidor de maquinaria pesada. Entre estas apareció una certificación atribuida a Distribuidora Nissan (Dinissan) que indicaba una relación comercial de más de cinco años con el Grupo Inversionista El Transportador.
Sin embargo, según documento del 11 de marzo al que tuvo acceso La FM, la representante judicial de Dinissan, Cyslin Yelitza Sánchez, advirtió que dicha certificación no corresponde a una comunicación de la compañía y requiere verificación de su contenido y procedencia.
Respuesta institucional de Findeter
En respuesta al cuestionario de La FM, Findeter indicó que durante los procesos y la contratación directa "no existió documento alguno mediante el cual Dinissan señalara la falsedad de certificaciones a su nombre".
Respecto a la certificación falsa del Banco de Bogotá, la entidad confirmó la irregularidad y presentó una denuncia penal contra MotoMart el 2 de febrero ante la Fiscalía General de la Nación.
La investigación plantea serias dudas sobre los mecanismos de control en procesos de contratación de alta cuantía, especialmente cuando involucran recursos públicos destinados a regiones vulnerables afectadas por el conflicto armado.
