La Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) ha solicitado al Ministerio de Salud y Protección Social archivar el proyecto de resolución que busca implementar el sello de advertencia “ULTRAPROCESADO” en alimentos y bebidas empacados. La organización considera que esta iniciativa excede las facultades otorgadas por el Congreso y podría generar riesgos jurídicos, regulatorios y económicos para el país.
Argumentos de la CEJ contra el nuevo sello
En un documento dirigido al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, la CEJ sostiene que el debate sobre el nuevo etiquetado frontal trasciende la discusión nutricional y abre una controversia institucional sobre los límites del poder reglamentario del Ejecutivo. Según la organización, el Ministerio estaría ampliando el alcance de la regulación más allá de lo autorizado por la ley.
La entidad argumenta que el proyecto de resolución desconoce el marco habilitante definido en el artículo 5 de la Ley 2120 de 2021, norma que estableció las bases del etiquetado frontal en Colombia. A juicio de la CEJ, el Gobierno no tiene competencia para incorporar nuevas categorías regulatorias sin una autorización expresa del Congreso.
“El poder reglamentario del Ejecutivo no es una fuente autónoma de regulación. Es una facultad derivada, subordinada y condicionada por la ley”, señala el documento. Bajo esa interpretación, la CEJ asegura que la resolución podría constituir una “usurpación de la función legislativa del Congreso de la República”.
Posibles consecuencias jurídicas y económicas
El documento también advierte que la discusión podría escalar hacia escenarios judiciales si el Ministerio decide avanzar con la expedición de la norma. De acuerdo con la organización, una regulación que nazca con presuntos vicios de competencia podría enfrentar demandas de nulidad ante la jurisdicción contenciosa administrativa.
Además, la CEJ asegura que el impacto no sería únicamente jurídico. En su análisis, la incertidumbre sobre la estabilidad regulatoria podría afectar la confianza empresarial y la percepción sobre la seguridad jurídica en Colombia, especialmente en sectores relacionados con alimentos, bebidas y consumo masivo.
“Genera incertidumbre normativa, desincentiva la inversión y debilita la credibilidad institucional del sistema regulatorio colombiano”, afirma la entidad en sus observaciones enviadas al Ministerio. La organización añade que ninguno de esos efectos favorecería el propósito de salud pública que busca defender el Gobierno mediante el nuevo etiquetado.
Redundancia y conflictos con normas andinas
Otro de los puntos centrales del documento está relacionado con el alcance de los sellos de advertencia actualmente vigentes en Colombia. Según la CEJ, el país ya cuenta con cuatro sellos octagonales de advertencia, razón por la cual la inclusión de uno adicional sobre ultraprocesados sería “redundante y desproporcionada”.
La organización afirma que la medida podría entrar en tensión con normas de la Comunidad Andina, particularmente con la Decisión 827 sobre obstáculos técnicos al comercio. En el documento se sostiene que una regulación es restrictiva de forma innecesaria cuando existen alternativas menos gravosas para alcanzar el mismo objetivo de salud pública.
Cuestionamientos a la clasificación Nova
La CEJ también cuestiona el soporte técnico y científico detrás de la clasificación Nova, utilizada internacionalmente para identificar alimentos ultraprocesados. Según la entidad, este sistema todavía no cuenta con un consenso técnico global suficientemente sólido como para servir de base a nuevas obligaciones regulatorias.
“La clasificación Nova carece de consenso técnico global”, indica el documento, que además cita disposiciones andinas según las cuales los reglamentos técnicos deben sustentarse en evidencia científica sólida y no discriminatoria. Bajo esa premisa, la organización considera que el proyecto podría vulnerar estándares regionales de armonización normativa.
Impacto en propiedad industrial y competencia
El análisis presentado ante el Ministerio también menciona posibles efectos sobre derechos de propiedad industrial y competencia. De acuerdo con la CEJ, la acumulación de sellos y restricciones gráficas en los empaques podría limitar el uso efectivo de marcas y declaraciones de salud legítimamente registradas por las compañías.
La organización sostiene que este tipo de medidas podrían afectar el equilibrio competitivo en el mercado, especialmente si terminan vaciando de contenido elementos distintivos utilizados por las empresas en sus empaques. En el texto se menciona incluso jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre libre competencia y derechos marcarios.
Llamado al Congreso para abordar el tema
En la parte final de sus observaciones, la CEJ insiste en que no se opone a las políticas de salud pública ni a la protección de los consumidores. Sin embargo, subraya que los objetivos sanitarios no pueden servir como argumento para desconocer límites constitucionales y competencias establecidas por la ley.
“El camino correcto está disponible”, afirma la organización, al señalar que cualquier discusión sobre advertencias asociadas al nivel de procesamiento de los alimentos debería adelantarse en el Congreso de la República, con participación de los sectores involucrados y respaldo técnico suficiente.
La entidad concluye que permanecerá atenta al desarrollo del proceso regulatorio y advierte que se reserva el derecho de acudir a instancias judiciales y administrativas, incluso internacionales, en caso de que el Gobierno expida la resolución sin atender las observaciones planteadas.
