Impacto del aumento del salario mínimo en empleo, obras y subsidios de Bogotá
El incremento del 23% en el salario mínimo para 2026 está generando preocupaciones significativas sobre sus efectos en el empleo formal, la ejecución de obras públicas y los programas de subsidios en la capital colombiana. Según un debate realizado en el Concejo de Bogotá titulado "No todo lo que brilla es oro: las víctimas del aumento del salario mínimo", liderado por la concejal Sandra Forero, esta medida podría tener consecuencias profundas en múltiples sectores de la ciudad.
Pérdida masiva de empleos formales
De acuerdo con información de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, el aumento salarial podría generar la pérdida de más de 110.000 empleos formales en Bogotá durante los próximos 12 a 18 meses. Este escenario se suma a los efectos proyectados de la reforma laboral, que ya estimaba una reducción cercana a 21.000 empleos. La combinación de estas dos medidas representa una presión adicional sobre el mercado laboral formal y podría incentivar el crecimiento de la informalidad.
La concejal Forero señaló que el impacto recaería principalmente sobre las micro y pequeñas empresas, que representan el 92% del tejido empresarial de la ciudad. Para este segmento, el aumento de los costos laborales encarece la contratación formal, lo que podría traducirse en una mayor dificultad para sostener el empleo. Como consecuencia, la informalidad laboral podría incrementarse en 2,6 puntos porcentuales, alcanzando niveles cercanos al 38%, con un impacto más fuerte sobre jóvenes, mujeres y trabajadores con menores niveles de calificación.
Efectos en obras públicas y movilidad
El aumento del salario mínimo también tendría implicaciones directas en las metas sectoriales del Distrito. Según lo expuesto, el ajuste salarial no estaba contemplado en las proyecciones presupuestales de las entidades distritales, lo que ha generado restricciones financieras. El incremento de los costos asociados a personal, aseo, vigilancia y servicios tercerizados estaría afectando el funcionamiento de varias áreas estratégicas de la administración.
En materia de movilidad, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) informó que, debido a las limitaciones presupuestales, no sería posible ejecutar siete obras que beneficiarían a cerca de 500.000 personas. Adicionalmente, se vería afectada la intervención de la malla vial, el espacio público y los puentes peatonales, lo que podría derivar en mayores congestiones, deterioro del entorno urbano y una reducción en la calidad de vida de los ciudadanos.
Impacto en salud, educación y seguridad
En el sector salud, se advirtió que los mayores costos podrían traducirse en demoras y una posible pérdida de calidad en la prestación de los servicios, además de un aumento en los valores que deben asumir los usuarios por citas médicas. En educación, se planteó el riesgo de que un menor número de estudiantes acceda a subsidios de sostenimiento y que no se puedan realizar mejoras en infraestructuras que requieren intervención.
El sector de seguridad también se vería impactado. El aumento del salario mínimo incide en los costos de mantenimiento y operación de equipos e infraestructura, como vehículos, motocicletas y cámaras de videovigilancia. Esta situación obligaría a priorizar la programación de los servicios, ante la imposibilidad de cubrir de manera simultánea todos los equipos disponibles.
Reducción en subsidios de vivienda
En cuanto a vivienda, se indicó que el mayor costo unitario de los subsidios implicaría que cerca de 2.000 hogares dejarían de recibir este apoyo durante el año. A ello se suma una posible reducción en los ingresos tributarios del Distrito, derivada de una caída en el recaudo del impuesto predial y del impuesto de industria y comercio (ICA), este último asociado a un menor crecimiento económico.
Desde el Concejo se precisó que el debate no busca cuestionar el aumento del salario mínimo ni oponerse a los trabajadores, sino advertir sobre los efectos de una decisión que, según se expuso, no contó con un análisis técnico suficiente. El objetivo del ejercicio de control político es conocer qué medidas adoptará la Administración Distrital para proteger el empleo, garantizar el acceso a la vivienda, evitar la paralización de obras y mitigar los impactos en sectores como salud, seguridad y educación, sin afectar las oportunidades ni la calidad de vida de los habitantes de Bogotá.
