La Superintendencia de Sociedades confirmó el acuerdo de reorganización de Franquicias y Concesiones S.A.S., operadora de la marca Presto, en una audiencia pública realizada el 30 de abril de 2026. La decisión se tomó tras verificar que la propuesta obtuvo el respaldo del 81,39% de los acreedores calificados y graduados, cumpliendo con los requisitos de la Ley 1116 de 2006.
Detalles del acuerdo financiero
El aval judicial permite a la compañía avanzar en un proceso de ajuste financiero para estabilizar su operación y atender compromisos en el mediano plazo. El acuerdo contempla la reorganización de un pasivo total cercano a los 31.000 millones de pesos, con condiciones que incluyen reducciones de capital y un esquema de pagos a seis años. Específicamente, se aprobó una quita de capital de 19.000 millones de pesos con acreedores de quinta clase y una reducción adicional de 211 millones de pesos frente a acreedores garantizados de segunda clase.
Respaldo mayoritario y supervisión
El proceso se consolidó con una votación favorable que superó ampliamente las mayorías exigidas por la normativa de insolvencia empresarial. La Superintendencia señaló que hará seguimiento al cumplimiento de las condiciones pactadas, verificando que la ejecución del acuerdo se realice conforme a la ley y bajo parámetros de transparencia para todas las partes involucradas.
Impacto en empleo y operaciones
Franquicias y Concesiones S.A.S., constituida en noviembre de 2002, proyecta mantener en funcionamiento 180 puntos de venta en el país y preservar 694 empleos directos. La continuidad de la operación es un elemento central del proceso, ya que permite sostener la actividad comercial mientras se ejecuta el plan de pagos, evitando una liquidación y facilitando la recuperación progresiva del negocio.
La Superintendente de Sociedades (e), Nini Johanna Castañeda, destacó que el proceso refleja la capacidad del régimen de insolvencia para articular acuerdos entre acreedores y empresas en escenarios de dificultad financiera. “Este acuerdo constituye un ejemplo claro de cómo el respaldo de los acreedores, reflejado en quitas de capital y decisiones coordinadas, puede hacer viable el salvamento empresarial”, señaló. Agregó que estos procesos permiten construir soluciones sostenibles que favorecen la preservación del tejido empresarial y la protección del empleo.
En adelante, la Superintendencia continuará supervisando el desarrollo del acuerdo, asegurando que las condiciones pactadas se cumplan y que el proceso avance dentro de los lineamientos establecidos por la normativa vigente.
