Supersociedades autoriza proceso de insolvencia de Canacol con estrictos controles en territorio colombiano
La Superintendencia de Sociedades ha tomado una decisión trascendental en el complejo caso de Canacol Energy Ltd y sus subsidiarias, reconociendo formalmente las órdenes emitidas por un tribunal canadiense dentro del proceso de insolvencia que enfrenta la compañía petrolera. Sin embargo, la autoridad colombiana estableció salvaguardas cruciales que mantienen el control sobre los activos ubicados en el país.
Reconocimiento con condiciones específicas
En audiencia celebrada el 26 de febrero de 2026, el juez concursal colombiano resolvió reconocer las providencias dictadas el 26 de enero del mismo año por la Sección del Rey del Tribunal de Alberta, en Calgary, Canadá. Este reconocimiento se fundamenta en el Título III de la Ley 1116 de 2006, que regula específicamente la insolvencia transfronteriza en Colombia.
La Superintendencia precisó que este reconocimiento no autoriza automáticamente la venta de activos en territorio colombiano. Cualquier operación que involucre bienes ubicados en el país deberá contar con autorización expresa del juez del concurso colombiano, quien evaluará especialmente los intereses de los acreedores locales y aquellos con garantías establecidas.
El SISP: un proceso preliminar con límites claros
La autorización otorgada por la Superintendencia se refiere específicamente a la implementación del Sale and Investment Solicitation Process (SISP), un procedimiento canadiense orientado a explorar alternativas de venta o inversión mediante la invitación a terceros interesados. Según explicó la entidad, este constituye únicamente una fase preliminar dentro de los procesos de reorganización o insolvencia.
"El SISP es simplemente una etapa inicial que invita a manifestar interés", aclaró la Superintendencia, destacando que cualquier transacción concreta que surja de este proceso deberá ser revisada primero por el juez canadiense y posteriormente por el juez colombiano, manteniendo así un doble filtro de control.
Protección de acreedores y activos estratégicos
Durante la audiencia, se analizaron detenidamente las inquietudes planteadas por Macquarie Bank y otros intervinientes, quienes advirtieron sobre posibles afectaciones al orden público económico colombiano. Particularmente, se discutieron preocupaciones relacionadas con la prelación legal de créditos y los derechos de acreedores con garantías constituidas.
La Superintendencia fue enfática al señalar que la providencia extranjera no modifica el orden de prelación de créditos establecido en la legislación colombiana. Tampoco materializa directamente la venta de activos ni autoriza inversiones concretas sobre el negocio en marcha. Esta precisión busca despejar dudas sobre una eventual pérdida de control sobre activos estratégicos o alteración de las reglas de pago a acreedores en Colombia.
Exigencias de transparencia y documentación
Para garantizar un panorama completo de la situación financiera, la Superintendencia ordenó al representante extranjero y a las empresas deudoras entregar información adicional detallada, incluyendo:
- Composición completa de pasivos previos al inicio del proceso en Canadá
- Obligaciones laborales, fiscales y parafiscales pendientes
- Pasivos litigiosos y contingencias legales
- Inventarios actualizados de activos y pasivos con corte al 31 de diciembre de 2025
- Estados financieros completos, tanto individuales como consolidados
- Certificaciones correspondientes y opinión del revisor fiscal
Coordinación internacional con protección local
El superintendente de Sociedades, Billy Escobar, destacó que "la decisión adoptada reafirma el compromiso de la Entidad con la coordinación efectiva de los procesos de insolvencia transfronteriza y la aplicación armónica de la Ley 1116 de 2006 con los estándares internacionales".
Escobar agregó que este reconocimiento "facilita la continuidad del proceso extranjero, protege los bienes ubicados en Colombia y garantiza que cualquier medida que pueda afectar a los acreedores locales sea objeto de control estricto por parte del juez colombiano".
La Superintendencia indicó que mantendrá una vigilancia constante sobre el desarrollo del procedimiento, con especial énfasis en la transparencia del proceso y la protección de los acreedores en Colombia, mientras avanza la fase preliminar del SISP dentro del proceso que se surte en territorio canadiense.
