Las empresas de transporte terrestre de carga y pasajeros en Colombia tienen plazo hasta este miércoles 6 de mayo para implementar el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Proliferación de Armas (SARLAFT). Este requisito es obligatorio para las más de 3.680 compañías vigiladas por la Superintendencia de Transporte.
Sanciones por incumplimiento
Quienes no cumplan dentro del plazo establecido se exponen a investigaciones y procesos sancionatorios. Según la Ley 336 de 1996, las multas pueden oscilar entre 1 y 2.000 salarios mínimos mensuales, lo que equivale a aproximadamente COP 3.500 millones con el salario mínimo vigente en 2026, dependiendo de la gravedad de la infracción.
Importancia del sector
En 2025, se movilizaron más de 151 millones de toneladas de carga por carretera en Colombia, un 3,7 % más que en 2024, según el Ministerio de Transporte. Esta operación involucró a 2.620 empresas y más de 166.000 vehículos. Con múltiples intermediarios, rutas, pagos y contratos, el sector es considerado especialmente sensible al riesgo de lavado de activos.
Programa de Transparencia y Ética Empresarial
Además del SARLAFT, las empresas del sector deben avanzar en el Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE), enfocado en prevenir la corrupción, el soborno y las prácticas indebidas. El plazo para incorporar este sistema es el 19 de mayo.
Cómo cumplir con el SARLAFT
La obligación está regulada por la Resolución 4607 de 2026, expedida por la Supertransporte el 9 de abril, que ajustó las reglas y estableció criterios según los ingresos de cada empresa. Las que registraron ingresos iguales o superiores a 142.206,50 Unidades de Valor Básico (UVB), equivalentes a unos COP 1.642 millones al cierre de 2025, deben implementar el SARLAFT en su versión plena. Las que estuvieron por debajo de ese umbral pueden acogerse a un Régimen de Medidas Simplificadas, con controles más básicos pero igualmente obligatorios. El plazo es el mismo para ambas.
Santiago Hernández Zambrano, CEO de Tusdatos.co, startup especializada en automatización de procesos de validación de antecedentes, recomienda seguir estos siete pasos:
- Primero: verificar si la compañía está bajo vigilancia de la Supertransporte y qué obligaciones le aplican.
- Segundo: revisar los ingresos del año anterior para determinar si corresponde el SARLAFT pleno o el régimen simplificado.
- Tercero: definir responsables internos: quién lidera el proceso, quién actualiza la información y quién responde ante la autoridad.
- Cuarto: actualizar la matriz de riesgos, con especial atención a contratación de terceros, pagos, rutas e intermediarios.
- Quinto: revisar señales de alerta como información incompleta, cambios frecuentes de razón social, pagos sin soporte claro o vínculos comerciales difíciles de justificar.
- Sexto: conservar evidencia de cada revisión: actas, soportes, consultas, validaciones y decisiones internas.
- Séptimo: no asumir que el régimen simplificado exime de controles; la diferencia está en el alcance de las medidas, no en la ausencia de obligaciones.
