Colombia enfrenta un momento decisivo en materia energética, según Andrea Pérez Cadavid, gerente del Relleno Sanitario Doña Juana. La directiva señaló que el país debe avanzar hacia fuentes más sostenibles sin descuidar el abastecimiento, la estabilidad fiscal, la competitividad empresarial y la gobernabilidad de los proyectos estratégicos. El debate energético ha dejado de ser exclusivamente técnico para ocupar un lugar central en la agenda económica, social y política.
Desafíos del próximo gobierno
De acuerdo con Pérez, el próximo gobierno enfrentará dos grandes desafíos: garantizar la seguridad energética nacional y responder a las presiones del déficit fiscal. La seguridad del suministro es uno de los puntos más sensibles, ya que la transición energética ofrece oportunidades para diversificar la matriz, pero exige soluciones que aseguren el abastecimiento mientras se consolidan nuevas tecnologías. Para hogares, empresas e industrias, la prioridad es contar con energía permanente, confiable y asequible.
La gerente señaló que los retrasos en proyectos de generación, las limitaciones de infraestructura y la disminución de las reservas de hidrocarburos han aumentado las preocupaciones sobre la confiabilidad del sistema energético nacional. Estos factores ponen presión sobre la capacidad del país para cubrir la demanda y sostener su actividad productiva.
Papel estratégico del gas natural y GLP
En este contexto, el gas natural y el gas licuado de petróleo (GLP) continúan teniendo un papel estratégico como energéticos de transición y cobertura, especialmente en regiones apartadas con limitaciones de acceso. Sin embargo, las últimas noticias sobre este frente no han sido alentadoras para el país.
Transición energética ordenada y abastecimiento confiable
Uno de los mensajes centrales es que la discusión no debe centrarse únicamente en reemplazar fuentes tradicionales. La transición energética requiere una ruta ordenada que combine sostenibilidad ambiental con acceso permanente a la energía. Ese equilibrio es clave para evitar que el cambio de matriz avance a costa de la confiabilidad o del costo del servicio.
Aunque existe consenso sobre la necesidad de avanzar hacia modelos más sostenibles, la implementación enfrenta barreras importantes. Entre los principales obstáculos están los altos costos de inversión, la falta de incentivos suficientes, las dificultades logísticas y la cartera impaga de algunos comercializadores en la región Caribe. Estos factores han generado atrasos en la construcción y puesta en marcha de un sistema energético acorde con las necesidades del país.
Alternativas y potencial de Colombia
Pérez identifica alternativas que siguen consolidándose como piezas relevantes para el futuro energético: energías renovables, soluciones híbridas, almacenamiento energético y proyectos de hidrógeno. Estas opciones hacen parte del camino hacia una matriz más sostenible, aunque su despliegue requiere condiciones de inversión, infraestructura y gobernabilidad.
La directiva plantea que Colombia cuenta con una riqueza energética significativa y potencial para convertirse en un referente regional en transición responsable. Para lograrlo, necesita políticas públicas coherentes, estabilidad institucional y una visión de largo plazo. El reto no está en detener el desarrollo energético, sino en aprovechar de manera inteligente los recursos disponibles.
Dimensión fiscal y regulatoria
La dimensión fiscal será determinante para el sector. La necesidad de aumentar los ingresos del Estado suele traducirse en nuevas reformas tributarias o mayores cargas para industrias estratégicas como petróleo, gas y minería. El próximo Plan Nacional de Desarrollo será clave para definir prioridades de inversión y lineamientos de política pública. Además, el país estará atento a iniciativas relacionadas con impuestos ambientales, regalías o contribuciones especiales que puedan impactar la competitividad y la inversión extranjera.
La estabilidad regulatoria y tributaria aparece como una condición fundamental para atraer inversión y sostener proyectos estratégicos. Sin reglas claras y previsibles, el desarrollo energético puede enfrentar mayores dificultades, especialmente en sectores que requieren inversiones de largo plazo.
Gobernabilidad territorial y diálogo
Otro factor que marcará el avance de los proyectos es la gobernabilidad territorial. Pérez destaca la creciente capacidad de incidencia de comunidades y organizaciones sociales a través de consultas, acciones judiciales, movilizaciones y bloqueos. Estas expresiones pueden tener un impacto significativo en la ejecución de obras estratégicas.
Frente a ese escenario, Pérez plantea que el diálogo temprano con los territorios, la comunicación efectiva, la sensibilización y la construcción de consensos serán determinantes para garantizar la viabilidad de las inversiones. La transición energética no puede construirse únicamente desde los centros de decisión; requiere legitimidad social, participación ciudadana y beneficios tangibles para las comunidades.
El futuro energético del país dependerá de la capacidad de equilibrar competitividad, sostenibilidad y seguridad del suministro.
