Colombia podría enfrentar por primera vez en más de tres décadas un riesgo simultáneo de desabastecimiento de electricidad y gas natural, según un documento de política presentado por Fedesarrollo como hoja de ruta para el gobierno que asumirá entre 2026 y 2030. El centro de estudios advierte que, si no se adoptan medidas de corto plazo desde el próximo año, el país podría afrontar racionamientos, un deterioro de las finanzas del sector energético y un impacto económico equivalente al 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB).
Un riesgo que coincide en electricidad y gas
El documento, elaborado por el investigador asociado de Fedesarrollo Juan Benavides, sostiene que el país atraviesa una coyuntura inédita desde la reforma energética de 1994, al coincidir riesgos en los mercados de electricidad y gas natural. Según el análisis, ese escenario también implicaría la pérdida de al menos 260.000 empleos al año y llevaría a cerca de 250.000 personas adicionales a una condición de pobreza si no se logra aumentar la oferta energética y restablecer las condiciones para la inversión.
La propuesta plantea una intervención dividida en dos etapas. La primera contempla medidas de choque para 2026 orientadas a contener el riesgo de racionamiento y estabilizar las finanzas del sector. La segunda reúne reformas estructurales que se desarrollarían entre 2027 y 2030 con el propósito de modernizar la regulación, recuperar la confianza institucional y reactivar proyectos de inversión en electricidad y gas natural.
Presiones acumuladas sobre el sistema energético
Uno de los puntos centrales del diagnóstico es que el país acumula presiones sobre el sistema energético desde hace varios años, agravadas por decisiones regulatorias, retrasos en infraestructura y un menor ritmo de incorporación de nueva oferta. Para Fedesarrollo, esa combinación terminó elevando la probabilidad de enfrentar restricciones en el suministro durante los próximos años.
El sistema eléctrico comenzaría a registrar un déficit de energía firme a partir de 2028, de acuerdo con proyecciones oficiales de la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME). Aunque en los últimos años se adjudicaron proyectos de generación, la velocidad con la que entran en operación no ha sido suficiente para responder al crecimiento esperado de la demanda. A ese panorama se suma el retraso en proyectos de transmisión considerados estratégicos para el sistema nacional. Fedesarrollo cita información de XM según la cual más de la mitad de los proyectos registrados presentan demoras, mientras varias líneas destinadas a reforzar el abastecimiento de regiones como Bogotá acumulan años de retraso por procesos de licenciamiento ambiental y consultas previas. De mantenerse esa tendencia, el estudio estima que el país requerirá entre 1.500 y 2.000 megavatios adicionales de capacidad para evitar una crisis de suministro hacia 2027 y 2028.
Gas natural: pérdida de autosuficiencia y alza de tarifas
El panorama del gas natural también aparece como uno de los principales focos de preocupación. El informe sostiene que Colombia perdió durante 2024 la autosuficiencia para atender la demanda esencial con producción nacional, lo que incrementó la participación del gas importado y elevó los costos del suministro. Las cifras recopiladas por Fedesarrollo muestran que mientras entre 2015 y 2022 el precio de la molécula de gas rondaba los US$4,5 por millón de BTU, durante 2025 superó los US$10 por millón de BTU, antes de sumar los costos asociados al transporte y la distribución.
El estudio advierte que, si el país llegara a depender de importaciones para abastecer cerca de la mitad del consumo nacional utilizando la infraestructura existente, las tarifas residenciales podrían registrar incrementos cercanos al 45% en ciudades como Bogotá, Medellín y Bucaramanga. A ese escenario se añade la reducción sostenida de las reservas probadas de gas natural y la disminución de la actividad exploratoria. El documento recuerda que durante los últimos años el número de pozos perforados cayó de más de un centenar anual a apenas unas decenas, mientras desde 2021 no se adjudican nuevos bloques para exploración.
Las medidas que propone Fedesarrollo
Frente a ese panorama, el centro de estudios plantea un paquete de acciones para ejecutarse desde el primer año del nuevo gobierno. En materia de electricidad, la principal propuesta consiste en impulsar la construcción acelerada de 1.000 megavatios de generación térmica, considerada por el documento como la tecnología que podría incorporarse con mayor rapidez para cubrir déficits de energía firme. El plan también propone facilitar la participación de autogeneradores durante periodos de escasez, revisar regulaciones que, según el documento, reducen la rentabilidad de la generación existente y acelerar inversiones en transmisión para facilitar la conexión de nuevos proyectos. Otra de las recomendaciones apunta a fortalecer la gestión de la demanda mediante el desarrollo de recursos energéticos distribuidos, el uso de plantas virtuales de potencia y programas de eficiencia energética dirigidos tanto a hogares como al sector productivo.
En el mercado del gas natural, Fedesarrollo plantea acelerar la entrada de nuevas instalaciones para importar hasta 400 giga BTU diarios, mientras avanzan proyectos destinados a incrementar la producción nacional. La estrategia incluye acelerar el desarrollo de campos como Sirius, La Belleza, Floreña y Arrecife, actualizar la regulación del transporte de gas, promover nuevas inversiones en infraestructura y reabrir la exploración de hidrocarburos, incluyendo la posibilidad de desarrollar proyectos mediante fracturamiento hidráulico bajo evaluaciones específicas para cada iniciativa. El documento también plantea revisar la carga tributaria sobre la actividad exploratoria para mejorar la competitividad frente a otros países productores de la región.
La presión financiera y las reformas de fondo
Además del riesgo de desabastecimiento, Fedesarrollo advierte que el próximo gobierno recibe un sector con presiones financieras que, de no resolverse, podrían extenderse a toda la cadena de suministro de energía. El documento identifica como uno de los principales riesgos el retraso en el pago de subsidios por parte del Gobierno y la situación financiera de las comercializadoras Air-e y Afinia, que prestan el servicio en la región Caribe. Según el análisis, el incumplimiento de estas obligaciones podría desencadenar una crisis sistémica en el mercado eléctrico si no se adoptan medidas para restablecer el flujo de recursos.
La propuesta plantea acelerar el pago de la deuda acumulada por subsidios mediante un cronograma público y explorar mecanismos como operaciones de crédito, emisión de bonos y cruces de impuestos para garantizar liquidez al sector. El estudio estima que las obligaciones pendientes por subsidios de energía eléctrica y gas superaban los $5,1 billones al cierre de 2025 y advierte que esa deuda continúa creciendo mes a mes. En el caso de Air-e y Afinia, el documento propone asumir las obligaciones pendientes mediante recursos del presupuesto nacional, instrumentos de deuda o financiación de organismos multilaterales. Paralelamente, plantea rediseñar el esquema de prestación del servicio en la región Caribe mediante concesiones con incentivos ligados a la recuperación de cartera, el fortalecimiento de la calidad del servicio y la incorporación de mecanismos como el prepago. Para Fedesarrollo, la solución de ese problema requiere ir más allá de medidas regulatorias y abordar las condiciones económicas y sociales que han afectado históricamente la sostenibilidad del servicio en esa región del país.
Otro de los frentes que identifica el documento es la necesidad de acelerar los procesos de licenciamiento ambiental y consulta previa para proyectos considerados estratégicos. El estudio sostiene que los tiempos actuales han retrasado la entrada en operación de obras de transmisión eléctrica y de proyectos de generación que resultan necesarios para aumentar la capacidad del sistema. Como ejemplo menciona las demoras registradas en líneas de transmisión destinadas a reforzar el suministro de energía hacia Bogotá y el proyecto Colectora, en La Guajira, diseñado para conectar parques eólicos al Sistema Interconectado Nacional. También cita el desarrollo costa afuera Sirius-2, considerado por Ecopetrol como el mayor descubrimiento de gas en la historia del país, cuya entrada en operación dependerá del avance de procesos de consulta previa y licenciamiento ambiental.
Recuperar la confianza institucional
Entre las principales propuestas figura restablecer la independencia técnica de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), mediante el nombramiento de expertos en propiedad y el fortalecimiento de su autonomía frente al Gobierno de turno. El estudio sostiene que durante los últimos años la entidad acumuló una "deuda técnica" derivada de nombramientos temporales, retrasos regulatorios y modificaciones que, a juicio del autor, afectaron la confianza de los inversionistas. En la misma línea, plantea fortalecer la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), concentrar nuevamente sus funciones en la planeación del sistema y modernizar la regulación para incorporar nuevos mecanismos de mercado, recursos energéticos distribuidos, almacenamiento, participación activa de los consumidores y herramientas digitales que ya funcionan en otros mercados internacionales. El documento también recomienda desarrollar una planeación integrada entre electricidad y gas natural, de manera que las decisiones de expansión contemplen simultáneamente criterios de seguridad energética, confiabilidad, costos, localización y crecimiento de la demanda.
