Empresas gasíferas colombianas rechazan acusaciones de cobros indebidos en transporte
Las principales compañías de gas natural en Colombia han expresado su rechazo contundente a las acusaciones de cobros indebidos en el servicio de transporte, en medio de una polémica orden gubernamental que exige la devolución de más de $150.000 millones a los usuarios del servicio en todo el país.
Las empresas involucradas y su posición
Las entidades Promigas, TGI (filial del Grupo Energía Bogotá), Promioriente, Transmetano y Transoccidente han manifestado su descontento con la información publicada que las señala como responsables de supuestos cobros indebidos. Aunque desde el Ministerio de Minas y Energía se les ha atribuido un cobro excesivo que data desde 2023, los representantes del sector acusan que existe un intento de controlar artificialmente los precios de un servicio que enfrenta crecientes costos en materiales y operación.
La decisión regulatoria y su fundamento
El Gobierno nacional, a través de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), determinó que se aplicó un incremento injustificado en la tasa de descuento del costo de capital, conocido como Wacc, lo que elevó significativamente el componente de transporte en las tarifas finales. Según la resolución Creg 102 002 de 2023, el Wacc pasó de 10,94% a 11,88%, permitiendo a las empresas transportadoras incrementar sus costos operativos.
El contexto del déficit gasífero nacional
La raíz de este conflicto se encuentra en la preocupante caída de la disponibilidad de gas natural para atender la demanda nacional. Según las proyecciones oficiales de la Creg, durante este mismo año el mercado colombiano exigirá aproximadamente 800 millones de pies cúbicos por día (mpcd), mientras que la producción nacional apenas alcanzará los 500 mpcd. Esta brecha significativa obliga a importar gas natural para satisfacer las necesidades de los consumidores.
Una fuente del sector privado reveló que, como consecuencia directa de este déficit gasífero, el precio del millón de BTU (British Thermal Unit) ha experimentado un aumento extraordinario de hasta 150%, pasando de aproximadamente US$6 a US$15 en el mercado actual.
La respuesta de las distribuidoras y la posición ministerial
Posteriormente a la implementación del ajuste tarifario, los distribuidores de gas natural interpusieron recursos de reposición solicitando mantener el Wacc en 10,94% mientras se aprobaban los nuevos cargos, con el objetivo explícito de evitar impactos mayores en las facturas de hogares y comercios colombianos.
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, defendió la medida gubernamental asegurando que busca proteger el bolsillo de los colombianos y garantizar justicia tarifaria. "Aquí estamos defendiendo a los usuarios. No es aceptable que los hogares colombianos hayan asumido un sobrecosto en el transporte de gas. La decisión es clara: esos recursos deben devolverse y las tarifas deben reflejar condiciones justas y transparentes", afirmó el funcionario.
Palma agregó con énfasis: "La regulación energética tiene que estar al servicio del interés general. Más de $150.000 millones volverán a los ciudadanos, porque nuestra prioridad es aliviar la carga económica de las familias colombianas".
El dilema entre regulación y costos reales
Este enfrentamiento entre el sector gasífero y el Gobierno nacional pone en evidencia la tensión permanente entre la necesidad de regular los precios para proteger a los consumidores y el reconocimiento de los costos reales que enfrentan las empresas del sector energético. Mientras las compañías argumentan que los aumentos responden a condiciones objetivas del mercado, las autoridades insisten en la transparencia y justicia en las tarifas que pagan millones de colombianos.
