En una decisión que marca un precedente importante para los derechos de los consumidores financieros en Colombia, la Corte Constitucional ha dado luz verde a una ley estatutaria que protege a las personas víctimas de suplantación de identidad. Esta normativa, impulsada desde el Congreso de la República, establece que las entidades financieras, centrales de datos y bancos no podrán cobrar ni penalizar a los usuarios que demuestren haber sido víctimas de este delito.
¿Qué implica la nueva ley?
La ley estatutaria número 190 de 2022 de la Cámara y 303 de 2023 del Senado, ahora aprobada por la Corte Constitucional, busca proteger a los ciudadanos del reporte negativo ante operadores de información y del cobro de obligaciones en casos de suplantación de identidad. Esto aplica tanto para operadores de telecomunicaciones como para entidades financieras, crediticias y otros establecimientos comerciales.
Según el alto tribunal, las personas afectadas por este ciberdelito que ya estén recibiendo cobros o hayan sido reportadas en centrales de riesgo, podrán solicitar la corrección de sus datos presentando los soportes correspondientes. La fuente de la información, es decir, la entidad que reportó, deberá denunciar el delito ante las autoridades.
Pasos para que las víctimas ejerzan sus derechos
La ley establece claramente los deberes de la persona afectada para exigir que se detengan los cobros y reportes:
- Informar oportunamente al operador de telecomunicaciones o entidad financiera sobre la suplantación y solicitar la cancelación del bien o servicio adquirido sin autorización.
- Interponer ante la Fiscalía General de la Nación la denuncia por el delito de falsedad personal y otros conexos.
- En caso de suplantación mediante perfiles digitales falsos, la víctima debe denunciar ante las plataformas de redes sociales y la Fiscalía.
Contexto de la decisión
Esta medida llega en un momento en que las preocupaciones financieras de los colombianos persisten, a pesar de que el Gobierno Nacional y el Banco de la República acordaron mantener la tasa de interés en 11,25 %. Muchos ciudadanos enfrentan dificultades para pagar sus créditos y terminan reportados en centrales de datos, lo que les impide acceder a nuevos servicios financieros. La suplantación de identidad agrava esta situación, dejando a las víctimas con deudas que no contrajeron y sometidas al acoso de cobradores.
Próximos pasos
La Corte Constitucional aprobó la ley pero la devolvió al Senado de la República para que realice ajustes a algunos artículos. Se espera que la norma sea sancionada antes de que termine la actual legislatura y antes del cambio de Congreso. Una vez promulgada, representará un alivio para miles de colombianos que han sido víctimas de este delito y que ahora tendrán una herramienta legal para defenderse.
Esta ley no solo protege a los deudores víctimas de suplantación, sino que también envía un mensaje claro a las entidades financieras y centrales de datos: deben verificar la identidad de sus clientes y no pueden trasladar el costo de su negligencia a los usuarios.
