Bloqueos por impuesto predial: Colombia avanza en actualización catastral tras décadas de rezago
Las protestas y bloqueos de vías que se registran en diversos departamentos de Colombia tienen su origen en el ambicioso proceso de actualización catastral impulsado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Esta iniciativa busca transformar radicalmente el panorama catastral del país, pasando de un irrisorio 9% de predios actualizados a una meta del 70% en apenas cuatro años de gestión.
Una tarea titánica contra el rezago histórico
El Ejecutivo se propuso una de las metas más desafiantes al asumir el poder: conocer a fondo y por primera vez predios en regiones apartadas como Amazonas, Guainía o Guaviare, además de llegar a municipios que llevaban más de 30 años sin actualización alguna. Detrás de este monumental esfuerzo se encuentra el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), máxima autoridad catastral del país, junto con más de 40 gestores como la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital de Bogotá.
Según la última información oficial, ya se han actualizado más de 75 millones de hectáreas, lo que representa que 859 municipios han reducido décadas de rezago en los valores de sus suelos. Esta cifra se desglosa en 326 municipios con información catastral multipropósito actualizada (44 millones de hectáreas) y otros 568 que son resultado del ajuste masivo de valores catastrales automático previsto en el Plan Nacional de Desarrollo.
Mecanismos excepcionales para territorios olvidados
El artículo 49 del Plan Nacional de Desarrollo estableció una medida excepcional que permite reducir el rezago en valores del suelo en territorios con hasta 32 años sin información actualizada. En 2025 se actualizaron 48 municipios mediante este mecanismo, y en el presente año se sumaron otros 520 de departamentos como Santander, Norte de Santander, Boyacá, Casanare, Caldas, Tolima, Cauca, Huila, Valle del Cauca, Nariño, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Cesar y La Guajira, entre otros.
"La mayoría de las protestas registradas en los últimos días obedecen precisamente a este incremento en los avalúos catastrales", explica un análisis de la situación. Los ciudadanos cuyos predios fueron actualizados ahora enfrentan mayores obligaciones tributarias, puesto que el avalúo constituye el insumo fundamental para que las alcaldías establezcan el impuesto predial, aplicando las tarifas definidas por los concejos municipales.
Límites legales y diálogos en marcha
Desde el Gobierno se ha señalado que la Ley 1955 de 2019 establece que el impuesto predial no puede aumentar más del 50% con respecto al año anterior en predios rurales menores de 100 hectáreas. Esto significa que si una persona pagó 50.000 pesos en 2025, el próximo año no podrá pagar más de 75.000 pesos.
Autoridades del Igac han manifestado que "el 98,6% de los predios, por tener una extensión menor a 100 hectáreas, se encuentra dentro del límite máximo del incremento del 50% respecto a lo liquidado en el año anterior". No obstante, en los procesos de diálogo entre ciudadanía, Ministerio del Interior y el Igac, se ha comprometido la revisión de aquellos casos donde efectivamente se contemplen aumentos considerados exagerados.
La alerta emitida por Procaña sobre los avalúos catastrales del Igac ha añadido otra capa de complejidad a este escenario. Mientras el país avanza en la modernización de su catastro tras décadas de abandono, el equilibrio entre la actualización técnica y el impacto social en las economías familiares y regionales se mantiene como un desafío pendiente de resolución.
