Mientras el país enfoca su atención en la tradicional gabinetología, se desarrolla una conversación más silenciosa pero decisiva: el estado real de las finanzas públicas. Los ministros cambian, pero las cuentas permanecen. Tras solicitar información a distintas entidades, una conclusión inquietante emerge: hay muchos datos, pero no siempre es clara la lectura de cuánto se aprueba, se compromete, se ejecuta, qué obligaciones quedan y qué tan ajustado queda el país.
La sostenibilidad fiscal en riesgo
La sostenibilidad fiscal suele percibirse como un asunto de economistas, alejado de los ciudadanos. Sin embargo, es simple: el Estado debe poder cumplir hoy sin comprometer su capacidad de hacerlo mañana, garantizando salud, educación, seguridad, infraestructura y protección social sin trasladar la carga a las próximas generaciones. Lo preocupante es que las alertas ya no provienen únicamente de analistas o centros de pensamiento. En los últimos meses, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), la Contraloría General de la República, calificadoras internacionales y diversos análisis económicos han advertido sobre el deterioro de las cuentas públicas, mayores necesidades de financiamiento y aumento del costo de la deuda. Todas coinciden en una preocupación similar.
Datos dispersos y falta de trazabilidad
Desde AmCham Colombia realizamos un ejercicio de acceso a información pública para reconstruir la trazabilidad del gasto, la inversión y la sostenibilidad fiscal. La respuesta fue amplia, pero confirmó un desafío: los datos existen, aunque siguen dispersos entre plataformas y entidades que pocas veces conversan entre sí. Ese no es un problema menor. Cuando resulta difícil conectar presupuesto, contratación, ejecución y resultados, también se vuelve más difícil anticipar riesgos y corregir a tiempo. La transparencia no consiste solo en publicar documentos. Consiste en que cualquier ciudadano pueda seguir el recorrido de un peso público desde que se aprueba hasta que produce, o no produce, un resultado.
Recomendaciones para el nuevo Gobierno
¿Qué hacer? El Gobierno entrante requerirá una revisión fiscal técnica e independiente para establecer, con cifras verificables, el estado real de las cuentas públicas, las obligaciones pendientes y la sostenibilidad de la deuda. No basta con integrar sistemas: se requiere información trazable sobre lo aprobado, comprometido, ejecutado y sus resultados. El Congreso debe controlar la calidad de las proyecciones y el costo real de cada nueva ley. Los organismos de control pueden prevenir riesgos con analítica de datos. Se debe pedir información y promover debates técnicos, como lo hemos realizado desde AmCham Colombia mediante derechos de petición. Y los ciudadanos pueden ejercer veeduría, solicitar información y acudir a los mecanismos constitucionales disponibles.
El presupuesto es patrimonio de todos
El presupuesto no es del gobierno de turno: es patrimonio de todos y muestra con qué contamos para cerrar brechas sociales. Mientras el país mira el próximo gabinete, conviene ponerle la lupa a las cuentas que sostienen la viabilidad de Colombia. Los ciclos políticos duran cuatro años, pero las decisiones fiscales pueden condicionar a toda una generación. Un país puede cambiar ministros; lo que no puede permitirse es perder el control de sus finanzas.
