Cerro Matoso, una de las minas de níquel más grandes de Colombia y América Latina, ha comenzado a reducir su operación en un 25% desde el 1 de julio de 2026. La medida responde a la restricción de gas natural impuesta por Canacol Energy, empresa canadiense que desde ahora suministra un 55% menos del volumen acordado entre ambas compañías. La minera compra el gas necesario para fundir el níquel a Canacol mediante un contrato vigente hasta 2029.
Antecedentes legales y diálogo fallido
A comienzos de mayo, Canacol presentó ante una corte de Canadá una solicitud para terminar de forma anticipada los contratos de suministro que mantiene en Colombia, incluido el de Cerro Matoso. La Corte de Alberta avaló esta solicitud en primera instancia, y la minera cuenta con un plazo de 21 días para solicitar autorización de apelar ante la segunda instancia canadiense. Según Cerro Matoso, la compañía participó de buena fe en los espacios de diálogo promovidos por la Corte, pero las propuestas de Canacol contemplaban incrementos tarifarios que la minera consideró desproporcionados y sin compromisos firmes sobre las cantidades de gas a suministrar. Ante la falta de avances, Canacol decidió restringir el suministro.
Impacto económico y social
La medida pone en riesgo cientos de empleos, contratos con proveedores y contratistas, y cerca de $3.000 millones diarios que la empresa aporta al país por regalías, impuestos y compras locales, indicó la empresa en un comunicado. De mantenerse o aumentar la restricción, Cerro Matoso deberá parar una de sus dos líneas de producción, lo que reduciría a la mitad su operación. La empresa pidió a la Superintendencia de Sociedades, a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y al Ministerio de Minas y Energía actuar de manera inmediata para proteger a las más de 50.000 personas que dependen directa e indirectamente de esta operación minero-industrial.
Jurisdicción colombiana y próximos pasos
En Colombia, la Superintendencia de Sociedades es la autoridad competente para evaluar si la decisión de la justicia canadiense debe aplicarse en el país, considerando la soberanía nacional y la seguridad energética. La minera espera que las autoridades colombianas intervengan para evitar una crisis mayor en la región donde opera.
