Minería ilegal domina la producción aurífera colombiana con alarmante 80%
En un revelador foro organizado por la Casa Editorial EL TIEMPO y la Federación Nacional de Departamentos (FND), titulado El futuro de la minería: entre la explotación ilegal y los retos legales del Estado, se expuso la preocupante realidad de que la minería ilegal podría estar moviendo hasta el 80% del oro en Colombia, generando alertas por las cuantiosas rentas criminales que alimentan a grupos violentos en diversas regiones del país.
Un problema que trasciende lo ambiental
Didier Tavera, director de la FND, enfatizó durante el evento que los desafíos del sector minero, que aporta aproximadamente 11.000 millones de dólares a las arcas nacionales, requieren atención tanto del Ejecutivo como del Legislativo. "En Colombia la discusión no es si la minería sí o no; la discusión es minería sí, pero formal y legal, no extracción ilegal", afirmó con contundencia.
Tavera advirtió sobre la necesidad urgente de un cambio en el enfoque judicial frente a quienes participan en la explotación ilícita de recursos naturales. Según su explicación, esta actividad ya no debe verse exclusivamente como un problema ambiental, sino como una fuente masiva de rentas criminales que estaría generando pérdidas estimadas entre 4 y 5 billones de pesos anuales para el Estado colombiano.
"La legislación tiene que empezar a hablar de un crimen contra la seguridad del Estado por el problema que conllevan las rentas criminales y el control territorial", indicó el director de la FND, subrayando la gravedad del fenómeno que afecta la estabilidad nacional.
Perspectivas regionales y gremiales
En el primer conversatorio del foro, moderado por el editor de la sección País de EL TIEMPO, Jhon Torres, participaron Luis Alfonso Escobar Jaramillo, gobernador de Nariño, y Juan Camilo Nariño Alcocer, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM). Ambos coincidieron en que el principal problema del sector es la ilegalidad, aunque desde enfoques complementarios.
El mandatario regional alertó sobre la fuga masiva de rentas hacia economías criminales y la necesidad urgente de avanzar en procesos de formalización. "En Nariño pueden estar saliendo entre 15 y 20 toneladas de oro al año, más de 300 mil millones de pesos que están fugados, y aquí estamos hablando de la decisión entre rentas criminales y rentas territoriales", reveló Escobar, quien insistió en fortalecer la institucionalidad y acelerar la formalización minera.
Por su parte, Nariño Alcocer señaló con preocupación que, según organismos de control, cerca del 80% del oro en Colombia estaría ligado a la ilegalidad. "Esto es el mayor crimen ambiental que hoy está teniendo el país, no es minería ancestral, sino organizaciones criminales detrás, y no hemos tenido una decisión como Estado para combatirla de manera contundente", afirmó el representante gremial.
La complejidad de la formalización
El presidente de la ACM destacó que ser formal en Colombia resulta extremadamente complejo, con empresas que han tenido que esperar hasta 10 años para obtener un permiso, mientras en esos mismos territorios opera la ilegalidad sin mayores obstáculos.
Nariño Alcocer explicó que este fenómeno complejo puede entenderse en tres dimensiones principales:
- Extracción ilícita que convive con comunidades en regiones como Antioquia, Cauca, Nariño y Chocó, afectando directamente a familias, escuelas y entornos comunitarios.
- Procesos de formalización con pequeños mineros que representan entre el 40% y el 55% de la producción de oro de empresas formales, demostrando que estos esquemas pueden ser sostenibles cuando cuentan con acompañamiento del sector privado.
- Extracción ilícita en parques naturales y áreas protegidas, donde no debería existir ningún tipo de actividad minera según la legislación ambiental colombiana.
Contexto de seguridad y avances en Nariño
En el marco de la política de 'paz total' del presidente Gustavo Petro, el gobernador Escobar mencionó la presencia de grupos como los Comuneros del Sur y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano en su departamento. Sin embargo, destacó avances significativos en materia de seguridad.
"La tasa de homicidios en el departamento es de 16 por cada 100.000 habitantes, por debajo del promedio nacional de 26. Tumaco, que llegó a registrar 87 homicidios por cada 100.000 habitantes, hoy se ubica en 14. En contraste, en Ecuador la cifra alcanza los 130", precisó el mandatario regional.
Escobar añadió con claridad: "No hay —y quiero decirlo con claridad— oposición a la formalización minera. Por el contrario, se plantea como un elemento a promover dentro de la mesa. Sin duda, la apuesta que se está haciendo en Nariño en materia de formalización debe acelerarse. Y digo que debe acelerarse porque existen más de 208 solicitudes mineras desde 2007, y ya hemos dialogado con la presidenta de la Agencia Nacional Minera sobre la necesidad de articular los esfuerzos entre Nación y territorio para agilizar este proceso".
El foro dejó en evidencia la urgente necesidad de políticas integrales que combatan la minería ilegal no solo como un problema ambiental, sino como una amenaza a la seguridad del Estado y a la economía formal del país, mientras se promueven mecanismos ágiles para la formalización de pequeños y medianos mineros en las regiones más afectadas por este flagelo.
