Balance de cuatro años adversos para la minería colombiana
Durante los últimos cuatro años, el sector minero colombiano enfrentó uno de los períodos más complejos de su historia reciente. Cambios regulatorios, reformas tributarias, incertidumbre jurídica, problemas de orden público y una creciente conflictividad en las regiones marcaron la agenda de una industria que, según la Asociación Colombiana de Minería (ACM), debió concentrar buena parte de sus esfuerzos en defender su viabilidad.
En entrevista con Portafolio, Juan Camilo Nariño, presidente de la ACM, hace un balance del Gobierno saliente, expone las cifras que, a su juicio, evidencian el impacto sobre la actividad minera y plantea las oportunidades que tendría el país si el próximo Gobierno adopta una política de impulso al sector.
El sector resistió pese a la presión más intensa
Nariño afirmó que la minería colombiana enfrentó cuatro años en un entorno realmente adverso, marcado por amenazas regulatorias, tributarias y físicas sobre las operaciones. Sin embargo, la industria resistió con rigor, logró sortear estas dificultades y defendió su legitimidad. Tras cuatro años de una discusión profundamente compleja, caracterizada por el señalamiento y la estigmatización, el sector reafirmó su papel como fuente estratégica de empleo, inversión, regalías y desarrollo regional, pese a un Gobierno que, desde su perspectiva, hizo muy poco por impulsar el desarrollo de los territorios.
La presión tributaria tuvo consecuencias. La combinación de una conversación pública estigmatizante, una gran cantidad de decretos, resoluciones e impuestos hizo que la minería fuera el sector que más cayó dentro de la economía colombiana. Desde el tercer trimestre de 2022, cuando inició este Gobierno, el Producto Interno Bruto minero cayó 18 %. Las exportaciones mineras disminuyeron 21 % y la inversión extranjera directa registró una reducción del 88 %, siendo el sector donde más se desplomó este indicador.
Nariño destacó que esta última cifra es especialmente preocupante porque la inversión extranjera directa representa el motor del crecimiento futuro. Esa caída es consecuencia de una persecución clara contra el sector que la ACM, junto con las compañías afiliadas, tuvo que enfrentar y contener.
Más de 275 iniciativas normativas en cuatro años
La presión regulatoria fue desmedida. Durante estos cuatro años el Gobierno impulsó más de 275 iniciativas normativas, entre decretos, resoluciones, proyectos regulatorios y nuevos impuestos que buscaban claramente frenar la actividad minera. Más de la mitad de esas iniciativas no lograron entrar en vigor o no produjeron los efectos esperados, gracias al trabajo jurídico adelantado por la Asociación.
Uno de los casos más importantes fue la decisión de convertir las regalías en un gasto no deducible dentro de la reforma tributaria aprobada en 2022. Después de dos años de defensa constitucional liderada por la Asociación, la Corte Constitucional concluyó que esa medida era inconstitucional. Nariño señaló que desde diciembre de 2022 advirtieron al Gobierno sobre esa inconstitucionalidad. Si esa decisión no hubiera sido demandada desde el inicio, las compañías mineras habrían tenido que pagar de manera injusta e inconstitucional más de $8 billones adicionales durante estos años. Además, Colombia habría sido el único país del mundo donde las regalías no son deducibles.
Para enfrentar toda esta presión regulatoria, la ACM desarrolló una estrategia jurídica y técnica muy robusta. Durante estos cuatro años elaboraron más de 800 documentos técnicos y jurídicos entre demandas, intervenciones ante el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, alertas regulatorias, análisis económicos, estudios fiscales y conceptos jurídicos. Ese trabajo permitió anticipar riesgos, contenerlos y defender la capacidad del sector para seguir aportándole al país.
Seguridad física: más de 858 bloqueos y 3.600 incursiones
La seguridad física de las operaciones se deterioró de manera muy significativa y tuvo un impacto profundo, especialmente sobre el sector carbonero en el norte y el centro del país. Las cifras son muy preocupantes. El año pasado, Cerrejón tuvo que suspender operaciones durante más de 165 días debido a más de 300 bloqueos sobre la línea férrea. También hubo pequeñas operaciones mineras en Santander que debieron detener su actividad por amenazas, y situaciones similares se registraron en diferentes regiones del país.
Nariño afirmó que lo más grave es que se trató de una amenaza permanente contra el aparato productivo nacional y el Gobierno no respondió con la contundencia que esa situación exigía. Si se amplía la mirada a todo el período de Gobierno, se encontraron más de diez paros mineros, más de 858 bloqueos a líneas férreas y operaciones mineras, más de 3.600 incursiones no autorizadas en infraestructura minera y más de 1.200 amenazas contra empresas y trabajadores del sector. Todo ello convirtió la seguridad física en uno de los principales riesgos para la minería, junto con la presión regulatoria y la estigmatización pública.
El carbón, el subsector más golpeado
Sin duda el carbón fue el subsector más golpeado. En prácticamente todas las iniciativas legislativas presentadas por el Gobierno se propuso prohibir la minería de carbón a cielo abierto. Ninguna prosperó, pero la intención estuvo presente desde el comienzo. También se intentó incluir esa prohibición dentro del Plan Nacional de Desarrollo. A ello se sumaron medidas administrativas, como las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) y el Decreto 044, que buscaban restringir el desarrollo de proyectos mineros.
Paradójicamente, esas mismas medidas también afectaban los proyectos de exploración de cobre más avanzados del país, particularmente en Antioquia. Nariño señaló que resulta contradictorio que un Gobierno que habla permanentemente de transición energética impulse medidas que terminan frenando la exploración de cobre, un mineral indispensable para esa transición.
En el frente tributario, el carbón fue el más afectado. A la no deducibilidad de las regalías se sumó un incremento en la tarifa efectiva del impuesto de renta por encima del 35 %, dependiendo del precio internacional del carbón, un impuesto del 1 % a las exportaciones de carbón —que nunca había existido en Colombia— y un gravamen a la primera venta. También se prohibieron las exportaciones hacia Israel, un mercado que representaba cerca del 5 % de las ventas externas del sector. Todas estas decisiones tuvieron consecuencias que incluso reflejan las cifras oficiales del Dane. Entre 2024 y 2025 el sector carbonero perdió cerca de 14.600 empleos.
Aportes del sector pese al entorno adverso
A pesar de un entorno tan adverso, el sector siguió haciendo importantes contribuciones. Durante estos cuatro años aportó cerca de $43 billones entre renta y regalías, sostuvo más de un millón de empleos directos e indirectos y, aunque las exportaciones disminuyeron, uno de cada tres pesos que exporta Colombia continúa siendo de origen minero. Además, la industria destinó voluntariamente más de 300.000 millones de pesos anuales a inversión social y realizó inversiones ambientales superiores a 700.000 millones de pesos cada año. También mantuvo una importante relación con el tejido empresarial colombiano mediante la contratación de bienes y servicios nacionales.
Nariño destacó que el principal aprendizaje de este período fue que el sector aprendió a defenderse con dignidad. Aprendieron a asumir la conversación pública cuando es injusta, a enfrentar regulatoria al Gobierno, a responder con inteligencia y a construir estrategias jurídicas, administrativas y de comunicación muy sólidas. Resumió su trabajo durante estos cuatro años diciendo que la ACM actuó como la estratega de contención frente al Gobierno.
Expectativas frente al nuevo Gobierno
El presidente de la ACM espera poder contribuir a construir una Colombia donde todos los sectores económicos tengan espacio. Cree que el país debe tomar la decisión de consolidarse como un país minero y aprovechar responsablemente ese potencial. Si eso ocurre, Colombia podría atraer alrededor de $200 millones de dólares anuales para exploración minera en regiones apartadas, así como aproximadamente US$2.600 millones en inversión extranjera directa para proyectos que hoy se encuentran en etapas finales de licenciamiento, modificación de licencias o estudios de factibilidad.
Asimismo, las operaciones existentes de carbón, níquel y oro podrían seguir generando más de cuatro billones de pesos anuales entre renta y regalías, recursos fundamentales para fortalecer la inversión social y contribuir a la estabilidad de las finanzas públicas. Actualmente, más del 97 % del territorio colombiano permanece sin explorar desde el punto de vista minero. Avanzar en esa materia permitiría atraer entre US$150 y US$200 millones anuales hacia regiones apartadas, dinamizando la economía y generando empleo.
Preocupación por Cerro Matoso
En las últimas semanas también ha generado preocupación la situación de Cerro Matoso. La ACM considera que Canacol no debe suspender el suministro de gas a Cerro Matoso. Una suspensión unilateral tendría consecuencias profundas para el departamento de Córdoba y para todo el sector minero colombiano. La invitación es a que Canacol continúe las conversaciones con la compañía para encontrar alternativas que permitan mantener el suministro.
