El presidente electo Abelardo de la Espriella dio a conocer los primeros lineamientos de su política de sometimiento para grupos armados y estructuras de crimen organizado, luego del ultimátum planteado a estas organizaciones. Los ministros del Interior y Defensa delegados iniciarán los trámites para construir esta nueva política.
Ultimátum y revocación de acuerdos
En su segunda intervención a través de redes sociales, De la Espriella informó que asignará un equipo especial para desmontar la paz total y revocar desde el 7 de agosto los acuerdos con los grupos armados. "A los violentos les hago un único ofrecimiento: sometimiento a la justicia. Con los beneficios que la ley actual contempla. A partir del 7 de agosto firmaré los decretos para que la fiscalía reactive las órdenes de captura y las fuerzas armadas las hagan cumplir", señaló el mandatario entrante.
Solicitud de sometimiento de 'Los Pepes'
De la Espriella anunció que recibió una solicitud de sometimiento a la justicia por parte de Digno José Palomino y Aldair Montenegro, señalados como cabecillas de la organización criminal 'Los Pepes', que delinque en Barranquilla y el Atlántico. Esta decisión se produce tras el ultimátum del nuevo Gobierno. También instruyó a Jorge Mora, ministro de Defensa designado, para coordinar la entrega y sometimiento de estos actores.
Pasos para la política de sometimiento
Entre las medidas, De la Espriella solicitará a la Fiscal General de la Nación designar un fiscal y un grupo de Policía Judicial para adelantar las actuaciones necesarias para hacer efectiva la rendición ante la justicia. Además, entre los primeros decretos firmará para que la fiscal Luz Adriana Camargo reactive las órdenes de captura vigentes y las Fuerzas Armadas las hagan efectivas.
"A los violentos les envío un único mensaje, un ultimátum: sometimiento a la justicia a cambio de los beneficios que la ley concede. No habrá impunidad. No habrá territorios entregados. La Patria Milagro se recuperará entera", afirmó.
Posición del ministro del Interior designado
El ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, respaldó la línea del presidente electo. Señaló que se pondrá fin a las mesas de diálogo vigentes y se exigirá el sometimiento a la justicia de todas las organizaciones criminales, a las cuales calificó como delincuencia común dedicada al narcotráfico.
