La Defensoría del Pueblo presentó una intervención ante la Corte Constitucional para defender la constitucionalidad del Decreto Legislativo 176 de 2026, una medida adoptada en medio de la emergencia económica derivada de la ola invernal. El objetivo principal es garantizar la continuidad del Programa de Alimentación Escolar (PAE) para los estudiantes afectados por la suspensión de clases presenciales.
Alimentación fuera de la escuela
Según explicó la entidad, el decreto permite que niñas, niños, adolescentes y jóvenes sigan recibiendo alimentación "incluso fuera de la jornada escolar y del espacio físico de la institución", en aquellos casos en los que no sea posible asistir a clases debido a la emergencia climática. Esto responde a afectaciones concretas en el sistema educativo, como daños en infraestructura escolar, uso de colegios como albergues, suspensión del calendario académico y dificultades de acceso por el estado de las vías o la interrupción del transporte escolar.
Insuficiencia de mecanismos ordinarios
La intervención también documentó que los mecanismos ordinarios de gestión del riesgo resultaron insuficientes para atender la magnitud de la crisis, lo que justificó el uso de facultades extraordinarias. La entidad enfatizó que la finalidad del decreto no es ampliar el programa, sino garantizar su continuidad para una población ya beneficiaria en una situación excepcional. La medida busca evitar que la crisis tenga efectos más graves sobre derechos fundamentales, particularmente la educación y la alimentación.
Afectaciones regionales
Como parte de los elementos presentados ante la Corte, la Defensoría reportó afectaciones puntuales en distintas regiones. En el departamento de Sucre, por ejemplo, se registraron 14 instituciones educativas y 36 aulas impactadas en municipios como Majagual, Guaranda, San Marcos y Caimito. También se reportaron daños relevantes en Córdoba y situaciones en las que los alimentos del PAE fueron redireccionados para atender la emergencia en zonas como Urabá Darién.
Declaración de la Defensoría
"Sostenemos que el Decreto 176 de 2026 debe ser declarado constitucional, para evitar que la crisis climática se traduzca en hambre, deserción o mayor desigualdad educativa", añadió la entidad. En su concepto final, concluyó que la norma no restringe derechos, sino que los protege, y permite responder de manera directa a los efectos de la emergencia, evitando que se traduzca en hambre, deserción escolar o un aumento en las brechas de desigualdad.
