Una semana después del operativo que culminó con la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias el “Niño Guerrero”, líder del Tren de Aragua, el oficialismo en Caracas continúa sin ofrecer detalles sobre lo ocurrido. El miércoles en la noche, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, volvió a evadir el tema durante su programa Con el Mazo Dando, afirmando que se han “inventado vainas sin presentar pruebas”.
“Pura paja, no saben nada y no van a saber nada, porque no se lo vamos a decir, dejen el morbo para otros. Lo cierto es que, bueno, seguimos avanzando, en este trabajo, de luchar contra las bandas, cada día somos más fuertes, ¿no?”, declaró Cabello. El líder chavista agregó que en Venezuela “no había Tren de Aragua” y aseguró que la organización criminal fue expulsada del país. Desde los orígenes de esta banda, nacida en una cárcel venezolana, el chavismo insiste en que se trata de una “narrativa” y que la banda fue desintegrada en territorio nacional.
“Quedaba un personaje y desafortunadamente para él y sus seguidores...”, expresó Cabello sin completar la frase. El pasado viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el Comando Sur “lanzó un enérgico ataque, rápido y letal para ejecutar con éxito” al “Niño Guerrero” en un operativo en el estado Bolívar, posteriormente confirmado por Caracas. El gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez —quien asumió tras la captura de Nicolás Maduro—, indicó que la operación contó con apoyo tecnológico especializado y mecanismos de cooperación e intercambio de inteligencia entre ambos países. Sin embargo, hasta la fecha, los detalles sobre la operación son prácticamente nulos.
Zona minera en crisis tras el operativo
La operación se habría llevado a cabo en Las Claritas, una zona estratégica que ha cobrado gran relevancia económica tras la reciente aprobación de la Ley de Minas, que abre las puertas a inversores extranjeros y revierte la política de Hugo Chávez, quien en los años 2000 había suprimido este tipo de concesiones. Detrás de la opacidad oficial, el despliegue militar —que según habitantes incluyó el bombardeo con tres artefactos lanzados desde helicópteros— ha transformado radicalmente el panorama del Arco Minero de Venezuela, dejando un rastro de miedo, éxodo y pueblos fantasma de donde miles intentan escapar, según documenta la AFP.
De acuerdo con denuncias de organizaciones civiles recopiladas por el portal venezolano Runrunes, el municipio de El Callao y las localidades mineras de Las Claritas y el Kilómetro 88 enfrentan una ola de desplazamientos forzados producto del temor que infunde el conflicto armado. Oscar Murillo, coordinador de la ONG Provea, advirtió a RunRunes que la población civil está atrapada en un escenario que compromete directamente su integridad física. Lo irregular, según el activista, es que el ejecutivo venezolano actuó de manera reactiva solo después de que la Casa Blanca emitiera el comunicado confirmando la baja del capo.
Incertidumbre y pánico en la región
La incertidumbre sobre quién asumirá el control territorial aviva el pánico. Los habitantes ignoraban en su mayoría que el “Niño Guerrero” se ocultara allí. La figura criminal con mayor presencia visible en el enclave aurífero era Yohan José Romero, alias “Johan Petrica”, cofundador del Tren de Aragua y líder del llamado Sindicato de Las Claritas. Cuando iniciaron las detonaciones el pasado 9 de junio, la comunidad asumió inicialmente que el objetivo del ataque era “Petrica”.
Actualmente, las calles de estos asentamientos lucen desiertas. Coromoto Lugo, alcalde del municipio El Callao, reportó la movilización masiva de al menos cinco mil mineros que se han visto obligados a desplazarse hacia Ciudad Guayana en medio de la paralización del transporte y severos controles en los puntos de seguridad vial. Escuelas vacías con cuadernos abiertos, comercios cerrados y campamentos de extracción abandonados configuran la nueva realidad de la zona. Los pocos que permanecen confiesan que lo hacen únicamente para evitar que sus escasas pertenencias sean saqueadas.
A pesar del caos del desalojo, muchos mineros artesanales han recibido con alivio la intervención contra las bandas delictivas. Algunos relatos describen el día a día bajo el control del Tren de Aragua como un “régimen de terror” implacable. Las mafias exigían cobros extorsivos asfixiantes a los trabajadores para permitirles operar. “Teníamos que pagar un gramo de oro (USD 120) cada semana. Cuando pagas tanto, nunca descansas”, relató un testigo bajo anonimato. Quienes no cumplían con las cuotas eran expulsados de inmediato o ejecutados. Incluso los mototaxistas debían abonar sumas de hasta USD 200 a los criminales por el derecho a usar sus uniformes de trabajo.
Riesgo para comunidades indígenas
La crisis en Bolívar amenaza también con extenderse a los territorios ancestrales. Provea ha encendido las alarmas por el riesgo inminente que corren las comunidades indígenas locales. Históricamente, la presión de los operativos militares ha provocado que las bandas armadas se replieguen y desplacen sus operaciones hacia el interior de las reservas de estas comunidades buscando un margen de seguridad, perturbando sus entornos y forzando a generaciones de jóvenes indígenas a involucrarse en la minería informal debido a las amenazas y la falta de oportunidades.
