Si el petrismo pierde en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, buscará impedir que el próximo gobierno saque adelante a Colombia. Derrotada electoralmente, la extrema izquierda abandonará la fingida deliberación democrática y adoptará el bloqueo, la asonada y el llamado “estallido social” como herramientas de presión permanente. La estrategia es simple: aspirar a volver ingobernable el país para promover una multicrisis que fuerce la rendición del gobierno que no esté alineado con su extremismo.
Un patrón regional que amenaza a Colombia
Los colombianos debemos estar listos para enfrentar este patrón regional que pronto se replicaría: el caos chileno de 2019 contra Piñera, el estallido social colombiano de 2021 contra Duque, los bloqueos de la Conaie que doblegaron a Moreno y a Lasso en Ecuador, la tradición piquetera argentina que sabotea a Milei y el bloque de sectores afines a Evo Morales contra el recientemente elegido presidente Rodrigo Paz en Bolivia, tras casi veinte años de hegemonía del socialismo.
El costo del chantaje: lo paga el ciudadano común
El costo de ese chantaje lo paga el ciudadano común. El ejemplo del paro de 2021 en Colombia es contundente: dejó pérdidas cercanas a $10 billones, con un costo diario alrededor de $484.000 millones. Detrás de cada vía cerrada hay alimentos que se pudren, medicinas que no llegan, empleos que desaparecen y una economía que se contrae. El bloqueo disfrazado de protesta es destrucción de riqueza y la sufren primero los más pobres, aquellos en cuyo nombre dice actuar la extrema izquierda.
Lecciones internacionales: firmeza institucional
Las democracias serias han demostrado que es posible proteger el derecho a la protesta pacífica y, al mismo tiempo, impedir el sabotaje. En 2022, cuando el bloqueo del puente Ambassador paralizó unos US$360 millones diarios de comercio con EE.UU., Canadá no negoció bajo coacción. Invocó la Ley de Emergencias, despejó el puente, remolcó los vehículos y sancionó a los responsables, restableciendo el tráfico en pocos días.
Australia y Reino Unido: ejemplos de acción decidida
Australia hizo lo propio. En Nueva Gales del Sur se castiga con hasta dos años de cárcel a quien bloquee sin permiso infraestructura clave y se creó una unidad policial para disolver esos bloqueos. El Reino Unido, con la Public Order Act de 2023, convirtió en delito interferir con la infraestructura crítica sin tocar el derecho a manifestarse y dejando clara la frontera entre protestar y secuestrar la economía. El denominador común es la firmeza institucional, el respeto al Estado de Derecho y una distinción nítida entre protesta legítima y sabotaje.
Colombia debe aprender: no ceder al chantaje
Colombia debe aprender estas lecciones. Ceder ante el chantaje de la calle no compra paz, sino que alienta más chantaje. Cada bloqueo tolerado enseña que la forma de gobernar no es la urna sino la barricada y que el camino al poder pasa por hacer inviable al país. Defender el derecho a transitar, a trabajar y a comerciar es la condición elemental de cualquier sociedad libre y próspera y no es autoritarismo.
Si queremos retomar el camino del progreso, el Estado tendrá que proteger, con la ley en la mano y sin complejos, a la inmensa mayoría que solo aspira a producir en paz, mientras castiga con contundencia a quienes usen el chantaje de la destrucción.
