La necesidad de recuperar la credibilidad de la regla fiscal se ubica nuevamente como una tarea inaplazable, teniendo en cuenta que el país está de cara a un cambio de gobierno, mientras que diversos expertos, analistas y autoridades señalan que la deuda se está convirtiendo en una vorágine que socava cada vez más la estabilidad de las finanzas públicas.
Diagnóstico compartido: la regla fiscal es clave, pero su credibilidad está en duda
Este fue uno de los temas centrales del seminario "Regla Fiscal y Sostenibilidad de la Deuda", organizado por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf); donde, desde perspectivas distintas, el propio Comité, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) y analistas como el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo coincidieron en que Colombia enfrenta un deterioro financiero que obliga a emprender un ajuste estructural para evitar que la deuda siga escalando y termine comprometiendo la estabilidad económica del país.
El diagnóstico compartido parte de un mismo punto: la regla fiscal continúa siendo el principal instrumento para preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas, pero su efectividad depende de recuperar la credibilidad en su cumplimiento. Para los expertos, el desafío ya no consiste únicamente en volver a respetar las metas fiscales, sino en reconstruir la confianza de inversionistas y mercados mediante una estrategia gradual, consistente y capaz de estabilizar la trayectoria de la deuda pública.
"La situación fiscal actual es crítica, sin precedentes"
Durante la apertura del encuentro, el director técnico del Carf, Juan Sebastián Betancur, resumió la preocupación del organismo con una frase que marcó el tono del debate: "La situación fiscal actual es crítica, sin precedentes, y requiere urgentemente la discusión, gestión e implementación de medidas estructurales".
Según las proyecciones del Comité, de mantenerse la trayectoria actual, la deuda pública alcanzaría en 2026 el nivel más alto registrado por el país. Este escenario es el resultado de una combinación de factores que incluyen un gasto público persistentemente superior a los ingresos, mayores rigideces presupuestales y un creciente costo del servicio de la deuda. "El resultado es un espacio fiscal cada vez más reducido para financiar nuevas inversiones y atender las obligaciones del Estado sin recurrir a un mayor endeudamiento", acotaron al respecto.
La Ocde respalda el fortalecimiento de la institucionalidad fiscal
La Ocde respaldó la importancia de fortalecer la institucionalidad fiscal y recordó que las reglas fiscales constituyen uno de los principales mecanismos para garantizar la sostenibilidad de la deuda pública. Sin embargo, Luiz De Mello, director del Departamento de Economía de la organización, insistió en que estos instrumentos solo producen resultados cuando son creíbles y se cumplen de manera consistente, incluso frente a presiones económicas o políticas.
La organización explicó que una regla fiscal bien diseñada ayuda a reducir el costo del endeudamiento, mejora la confianza de los mercados y preserva espacio para responder a futuras crisis económicas. No obstante, también advirtió que reglas excesivamente rígidas pueden limitar la inversión pública, mientras que esquemas demasiado flexibles terminan debilitando la credibilidad de la política fiscal. El reto, señaló la Ocde, consiste en encontrar un equilibrio entre disciplina y capacidad de respuesta.
Marco institucional sólido, pero credibilidad deteriorada
En el caso colombiano, la Ocde reconoció que el país cuenta con un marco institucional sólido, sustentado en un ancla de deuda, reglas de balance estructural, marcos fiscales de mediano plazo y un consejo fiscal independiente. Sin embargo, sostuvo que la credibilidad de ese esquema se ha deteriorado en los últimos años debido al uso de mecanismos excepcionales, la suspensión temporal de la regla fiscal y las modificaciones recurrentes de las metas fiscales.
Por su parte, Juan Carlos Ramírez, presidente del Carf, defendió la arquitectura de la denominada Regla Fiscal 2.0, adoptada en 2021, al considerar que fortaleció la institucionalidad al incorporar un ancla explícita de deuda y ampliar la independencia técnica del Comité. A su juicio, el problema actual no radica en el diseño del instrumento, sino en el deterioro de las condiciones fiscales que hoy enfrenta el país.
El gasto y la deuda: cifras que alarman
Las cifras expuestas durante el seminario muestran la dimensión del desafío. Según el Carf, la deuda neta del Gobierno Nacional pasó de niveles cercanos al 40% del PIB antes de la pandemia a promedios superiores al 58% entre 2020 y 2025, ubicándose por encima del ancla de deuda prevista por la regla fiscal. Paralelamente, el gasto de funcionamiento se incrementó en más de cuatro puntos porcentuales del PIB frente al promedio de la década anterior.
El Comité también advirtió que cerca del 83% al 90% del gasto público presenta algún grado de rigidez, al estar asociado a obligaciones constitucionales, legales, pensionales, de salud, transferencias o servicio de la deuda. Otro indicador que concentró la atención fue el creciente peso de los intereses sobre los ingresos tributarios. Betancur recordó que actualmente "1 de cada 3 pesos recaudados con impuestos se destina al pago de la deuda", cuando hace apenas una década esa proporción era de uno por cada seis pesos.
Proyecciones alarmantes: los intereses podrían superar los ingresos tributarios
De persistir esa tendencia, el Carf proyecta que el pago de intereses absorbería una parte cada vez mayor de los recursos fiscales durante los próximos años. Para ilustrar el riesgo, el organismo presentó un escenario en el que los intereses representarían aproximadamente la mitad de los ingresos tributarios hacia 2029, tres cuartas partes en 2033 y superarían la totalidad de esos ingresos hacia 2037. Aunque aclaró que se trata de un ejercicio ilustrativo, el mensaje fue contundente. "Si nos cruzamos de brazos, la deuda explota, punto", afirmó Betancur durante su intervención.
Consenso: ajuste gradual y creíble para recuperar la confianza
José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda en el gobierno Petro, coincidió con el diagnóstico del Carf y calificó como "muy preocupantes" los escenarios presentados durante el seminario. A su juicio, incluso con el ajuste estimado por el Comité, la deuda pública apenas lograría estabilizarse, sin iniciar todavía una trayectoria descendente, lo que hace aún más urgente adoptar medidas de consolidación fiscal. Según señaló, el esfuerzo deberá concentrarse principalmente en el gasto de funcionamiento, donde identifica el mayor crecimiento de los últimos años.
El exministro insistió en que un ajuste de la magnitud requerida no puede ejecutarse de manera inmediata y consideró indispensable avanzar de forma gradual, tanto por sus efectos económicos como porque muchas de las medidas requerirán modificaciones legales para poder implementarse. Además, advirtió que el próximo gobierno enfrentará presiones de corto plazo derivadas de obligaciones acumuladas, entre ellas deudas del sistema de salud y subsidios pendientes, que limitarán el margen de maniobra durante los primeros años de gestión.
No solo recortar gasto: también se necesitan más ingresos
Ocampo también sostuvo que reducir el gasto no será suficiente para estabilizar las finanzas públicas. En su opinión, una parte importante del ajuste deberá provenir de mayores ingresos tributarios. Incluso planteó que entre 1,5 y 2 puntos del PIB del esfuerzo fiscal tendrían que obtenerse mediante una reforma que fortalezca el recaudo y revise beneficios tributarios, al considerar que pretender alcanzar todo el ajuste únicamente con recortes del gasto "no lo ve viable".
El consenso entre los participantes del seminario es claro: el país debe asumir cuanto antes que no tiene dinero y que hay que gastar menos. La regla fiscal es la herramienta, pero su credibilidad debe restaurarse con acciones concretas, graduales y consistentes. De lo contrario, la crisis fiscal que se avecina podría tener consecuencias graves para la economía colombiana.
