La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, Asocapitales, manifestó su inquietud tras la publicación del Decreto 0603 de 2026, mediante el cual el Gobierno nacional ordena la suspensión de operaciones militares ofensivas y operaciones especiales de policía dirigidas contra la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB). Además, la norma establece una zona de ubicación temporal en el departamento del Putumayo.
Preocupación por la seguridad territorial
A través de un comunicado público, Asocapitales señaló que esta decisión genera dudas sobre sus posibles repercusiones en la seguridad de los territorios. “Desde Asocapitales expresamos nuestra preocupación por el Decreto 0603 de 2026, que suspende operaciones ofensivas de la Fuerza Pública contra la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) y establece una zona de ubicación temporal en el Putumayo”, indicó la organización.
La entidad destacó que las ciudades capitales enfrentan diversas manifestaciones de violencia, entre las que mencionó “la violencia, el narcotráfico, la extorsión, el desplazamiento y el reclutamiento”. Según la asociación, estos fenómenos deben ser considerados en cualquier decisión relacionada con la seguridad.
Exigen lineamientos claros y coordinación
Asocapitales pidió que las medidas cuenten con lineamientos definidos y una adecuada coordinación institucional. “Consideramos indispensable que las decisiones que afectan su seguridad territorial cuenten con criterios claros, mecanismos de verificación efectivos y articulación con los gobiernos locales”, afirmó la organización en su pronunciamiento.
La reacción se produce tras la expedición del decreto firmado por el Gobierno nacional en el marco de la Mesa de Diálogos de Paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Para Asocapitales, la construcción de paz debe ir acompañada de condiciones institucionales y garantías para la ciudadanía. “La construcción de paz requiere legitimidad, confianza institucional y garantías para los ciudadanos”, agregó.
Contenido del Decreto 0603 de 2026
El Decreto 0603 de 2026, emitido por el Ministerio de Defensa Nacional con fecha 13 de junio de 2026, establece un Mecanismo de Monitoreo y Verificación y suspende las operaciones militares ofensivas y las operaciones especiales de policía. La medida se adopta en el marco de la Mesa de Diálogos de Paz con la CNEB, con el objetivo de “facilitar el desplazamiento de sus integrantes” hacia la Zona de Ubicación Temporal creada mediante la Resolución 053 del 25 de febrero de 2026.
En su parte considerativa, el documento cita disposiciones constitucionales sobre los fines esenciales del Estado, la convivencia pacífica, la vigencia de un orden justo y el deber de las autoridades de proteger a todos los residentes en Colombia. También recuerda que el Presidente de la República simboliza la unidad nacional y tiene competencias en la conservación del orden público.
El decreto señala que la Nación contará con Fuerzas Militares permanentes, integradas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aeroespacial, cuya finalidad primordial es la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional. Asimismo, se refiere a la Policía Nacional como un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, encargado de mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, así como para asegurar la convivencia pacífica.
Entre las consideraciones, el decreto menciona la Ley 171 de 1994, que aprueba el Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra sobre protección de víctimas de conflictos armados sin carácter internacional, y las Leyes 418 de 1997 y 2272 de 2022, relacionadas con la política de paz como política de Estado. El documento enfatiza que la política de paz será prioritaria y transversal en los asuntos de Estado, orientada a preservar la unidad nacional, garantizar los derechos humanos y asegurar la no repetición y la seguridad para todos los colombianos.
Llamado a la articulación local
Ante este contexto, Asocapitales reiteró su preocupación por el alcance de la medida y solicitó que las decisiones cuenten con verificación, criterios claros y articulación con los gobiernos locales. La organización insistió en que la paz debe construirse con legitimidad y confianza institucional, garantizando la seguridad de los ciudadanos.
