A dos semanas de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, la falta de un consolidado completo de la financiación de las campañas genera inquietud sobre la transparencia económica del proceso. Aunque el Consejo Nacional Electoral (CNE) exige reportar ingresos y gastos en un plazo máximo de siete días tras cada movimiento, solo ocho de los doce candidatos han cumplido con la normativa hasta el cierre de esta edición.
Cifras reportadas hasta el momento
Según los datos disponibles en la plataforma Cuentas Claras, los candidatos que han presentado información son: Iván Cepeda, con ingresos declarados por 15.000 millones de pesos y gastos por 2.648 millones; Abelardo de la Espriella, con 32.000 millones en ingresos y 16.320 millones en gastos; y Paloma Valencia, con 30.000 millones en ingresos y 8.003 millones en gastos. En total, los ingresos acumulados de las campañas ascienden a 79.873 millones de pesos, mientras que los gastos suman 29.273 millones, según la Misión de Observación Electoral (MOE).
Origen de los recursos
La mayoría de los fondos provienen de créditos bancarios y donaciones, como en el caso del candidato Sergio Fajardo. Sin embargo, persisten dudas sobre la transparencia de estas fuentes. Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia, señaló que la financiación de campañas ha sido un desafío histórico en el país, con escándalos como el ‘Proceso 8000’, Odebrecht y la ‘Ñeñe-política’. Recordó que la campaña del presidente Gustavo Petro es la única que ha recibido una sanción en firme por parte del CNE, por superar los topes de gastos en más de 5.300 millones de pesos y recibir aportes de fuentes prohibidas como la USO y Fecode.
Riesgos de la falta de transparencia
Álvaro Benedetti, consultor internacional, advierte que los aportantes no visibles podrían estar comprando acceso futuro a contratación, regulación o favores específicos. Además, existe el riesgo de un “lavado de cara político de intereses privados”, donde recursos legales e ilegales se mezclan antes de que el control institucional llegue, usualmente tarde. “Si el reporte aparece después de la elección, la sanción llega cuando el daño ya ocurrió”, agregó.
Por otro lado, el analista político Alejandro Echeverry señala que los retrasos también se deben a trámites administrativos complejos, como validaciones bancarias, y no necesariamente a intenciones de ocultar información. “El proceso es engorroso y genera desconfianza, por lo que las campañas se cuidan para no equivocarse en la revisión del CNE”, explicó.
Ausencia de sanciones claras
Andrés Hernández indicó que la Resolución 10756 no contempla sanciones específicas por incumplimiento, lo que crea un “terreno difuso”. Transparencia por Colombia ha recomendado al CNE establecer controles más efectivos y sanciones para garantizar la rendición de cuentas en tiempo real.
El caso de Iván Cepeda
La campaña de Iván Cepeda, del Pacto Histórico, fue una de las últimas en reportar sus cifras. El analista Felipe Jaramillo sugiere que la cautela se debe a los antecedentes de la campaña de Gustavo Petro y a una investigación del CNE por presuntas irregularidades en la financiación de su consulta interna de octubre de 2025. Sin embargo, Jaramillo considera que el impacto político podría ser limitado, ya que el CNE es visto como un organismo politizado. “Una investigación no necesariamente debilita a un candidato; incluso puede fortalecer narrativas de persecución”, afirmó.
Escándalos pasados y lecciones
El caso Odebrecht, en 2014, marcó un hito: la multinacional aportó 6.585 millones de pesos a las campañas de Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga a cambio de contratos. Roberto Prieto, gerente de la campaña de Santos, fue condenado a cinco años de prisión. Estos antecedentes, según Hernández, pesan más ahora que antes, pues ya hay una decisión de fondo del CNE que podría tener implicaciones penales.
Alejandro Echeverry subraya que el debate debe centrarse en quién debe financiar las campañas y cuáles deben ser los topes. “Las dinámicas clientelistas favorecen la irrupción de fuentes ilegales, especialmente en un país donde la gente históricamente no vota”, dijo.
Futuro del control financiero
Álvaro Benedetti reconoce que existen más herramientas de control, como la MOE, pero persiste una cultura de reporte tardío. “En tiempo real, los mecanismos institucionales no están articulados para hacer seguimiento”, criticó. Andrés Hernández concluye que las campañas tienen la capacidad de cargar la información en Cuentas Claras, y que hacerlo generaría confianza y transparencia en el proceso electoral.
